Durante el último año, millones de usuarios del transporte público, de al menos siete estados del país, han sido afectados por los concesionarios de este servicio, los cuales usan como estrategia principal para exigir, amenazar, y amedrentar a las autoridades, el paro de sus unidades.
Sin importar el daño que se produce a los usuarios, a la productividad, a las familias y a la calidad de vida de las personas.
En esa situación se han visto involucrados, del mes de mayo del año pasado al mes de abril de este 2019, las entidades federativas de Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Coahuila, y la más reciente, Nuevo León.
De igual forma, cabe destacar, una acción reiterada por parte de la autoridad ante actos de ese tipo ha sido la cancelación de las concesiones.
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Tras una revisión en medios nacionales realizada por MILENIO Monterrey, se encontró que en el estado de Chihuahua los concesionarios se unieron para amenazar con un paro del transporte tanto en los meses de julio y agosto de 2018, para presionar y no se votara una nueva Ley del Transporte de esa entidad federativa; de acuerdo con publicaciones de ese estado, la citada ley no ha sido aprobada todavía.
Mientras que el paro que sí se llevó a cabo en el mes de julio de ese año fue realizado por los choferes de las unidades para exigir pago de sueldos y prestaciones.
Luego, el 4 de septiembre de 2018 los habitantes de las principales ciudades del estado de Sonora despertaron con la noticia de que había paro del transporte público, con el que se buscaba un aumento a las tarifas y el cual duró 24 horas.
Luego de las mismas, los empresarios cedieron pero insistieron que seguirían luchando por el incremento; en tanto la dirección general de transporte de ese estado inició el proceso de cancelación de concesiones.
Menos de un mes después, el 10 de octubre de 2018, concesionarios del transporte del estado de Aguascalientes pararon el servicio por tres horas como forma de chantaje y medida de presión para la autorización de un aumento a la tarifa.
Derivado de ello, el Gobierno del Estado determinó proporcionar los vehículos oficiales para trasladar a los usuarios, contar con el apoyo de otras modalidades con taxistas, combis, transporte de personal y empresas de redes de transporte; y por la vía legal con la imposición de multas, suspensión y revocación de concesiones.
Ese mismo día, pero en Querétaro, ante la negativa de subir las tarifas del transporte público, miles de ciudadanos sufrieron de un paro parcial del servicio por parte de los concesionarios.
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2018 se realiza paro de transporte público en Puebla, y bloque de avenidas con las unidades para exigir el aumento de la tarifa de 6 a 10 pesos.
De inmediato la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte de esa entidad inició con los procesos de revocación a los títulos de concesión.
Por el lado contrario, en el estado de Coahuila se autorizó el pasado 19 de marzo del año en curso un alza a la tarifa general de 11 a 13 pesos y a la tarifa con tarjeta de 9 a 11 pesos, en los municipios de Saltillo y Torreón, luego de que en ambas ciudades se tuvieran previamente paros o reducciones de horario del transporte para amedrentar a las autoridades.