Las personas marginadas y con carencias sociales son algunas que por sus características sufrieron la vulneración de sus derechos y fueron injustamente presas, comentó Fabiola Vite Torres, directora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, esto tras sostener un encuentro de colaboración del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Estado de México.
Durante la sesión de este miércoles del comité, destacó que la agrupación nació con una causa social en materia inmobiliaria, pero abanderaron la protección de los derechos de las personas injustamente presas, principalmente en la entidad mexiquense.
“En nuestro trabajo como litigantes hemos ido caminando muchos de los penales y hemos alcanzado los 22 centros penitenciarios en el Estado de México y estos 22 centros penitenciarios nos han arrojado información de campo donde nos denuncian todo tipo de situaciones de violaciones a derechos humano que se llegan a dar”.
Para que una persona ingrese a un centro penitenciario hay varias autoridades involucradas, como son la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de Justicia (FJGEM) y el Poder Judicial mexiquense (PJEM), en los cuales observan algún grado de abuso u omisión que hace que personas que no cometieron algún delito sean encarceladas por sobre el respeto a sus garantías.
En esta tesitura, agregó que factores económicos, sociales, el lugar de procedencia o incluso el color de piel, son determinantes para el internamiento a través de probables irregularidades en el proceso.
“Las personas, como ya se ha mencionado, se cuentan en estados de vulnerabilidad que atienden principalmente desde el principio de sus historias de vida, en esta falta de acceso a los derechos económicos, sociales y cultural que se convierten en el caldo de cultivo de la criminalización de la pobreza, que posteriormente los lleva a ser señalados con muy pocos indicios y privados de la libertad”.
Al respecto, José Guadalupe Luna Sánchez, miembro del CPC mexiquense, comentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 8 de cada 10 personas 8 de perciben corrupción en la policía de tránsito, policía preventiva municipal, jueces, ministerio público, la fiscalía estatal y la policía ministerial, lo que compromete la impartición de justicia.
En este sentido, señaló como imperante tejer una red de organizaciones que participen y establezcan algunos ejercicios como mesas de trabajo que permitan sistematizar la información, tener criterios generales que deriven en recomendaciones o propuestas para que las distintas dependencias disminuyan la incidencia de actos de corrupción.
MMCF