La agrupación “Todos somos Tula” pugnó porque se concrete la propuesta de contraloría social en el municipio, planteada en una reciente reunión al titular de la Secretaría de Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez.
Recordaron que su representante, Edith Guzmán Godínez, entregó al contralor un documento sobre “presuntas irregularidades en la administración pública”, para que se tomen en cuenta y se indaguen.
El grupo, conformado por ciudadanos tulenses, damnificados tras la inundación del río Tula y afectados por la contaminación en la zona, ambientalistas e investigadores, precisó que no responden a intereses particulares ni políticos, sino que sólo velan por un mejor ambiente.
Pidieron que se instaure la contraloría social, pues dijeron que es un mecanismo de participación ciudadana que les permitirá observar y vigilar que la obra pública, programas sociales, trámites gubernamentales y servicios, se realicen conforme a la ley.
Esto para garantizar su bueno uso, de manera que resaltaron la existencia de esta herramienta ciudadana para la vigilancia de la función pública, al tiempo que invitaron a más pobladores a sumarse a la organización para manifestar sus inquietudes en la materia ante las autoridades.
En la reciente reunión los pobladores denunciaron que hay muchos incumplimientos en materia de obra pública, motivo por el que urgieron a las autoridades estatales la conformación de un observatorio ciudadano y una contraloría social.
Además reiteraron su petición para que la contraloría revise los montos millonarios presuntamente destinado a fumigación tras el siniestro en Tula, pues acusaron que muchas fumigaciones las realizaron agrupaciones o particulares por cuenta propia.