Ha pasado un año desde la prohibición de las terapias de conversión, las prácticas encaminadas a presuntamente “aliviar” a las personas LGBTQ+, tan solo una de las acciones que se cometen en contra de la población de la diversidad sexual y que atenta contra los derechos humanos. Desde que el Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa para sancionar los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), las autoridades no han detectado este tipo de centros, sin embargo, activistas consideran que la ley se queda corta para castigar las torturas disfrazadas de tratamientos; además que hay pendientes en temas de justicia para víctimas de crímenes de odio.
La presidenta de la asociación civil Unión Diversa de Jalisco, Fascinación Jiménez, señaló que los tratamientos se practicaban en centros de rehabilitación para tratar adicciones ubicados a las afueras de la ciudad, donde impartían pláticas religiosas y las personas internadas eran bañadas con agua fría, además de ser víctimas de violaciones correctivas.
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“(Las personas del centro) les decían que no podían ingresar a los hijos por orientación, pero sí por una adicción; entonces ellos contaban con seudoprofesionales de la salud, no recuerdo si era un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra que atendía a los menores. Las familias los llevaban y les empezaban a dar un tratamiento para ayudarles según con la depresión o cualquier cosa, esto con la intención de que dieran positivo al doping, a los papás los presionaban para que les estuvieran haciendo doping de farmacia y cuando ya salían positivos pasaban por ellos y los ingresaban”, contó la activista.
La ley aprobada por el Congreso en abril del año pasado contempla sancionar de entre 6 y hasta tres años de prisión a quien imparta, induzca o financie estas terapias. Los profesionistas que las promuevan podrán recibir una multa, suspensión y cancelación de sus actividades profesionales hasta por un año. Las sanciones económicas de 50 a 300 UMAs, es decir, de 4 mil 800 a 28 mil 600 pesos.
Sin embargo, para Jiménez las sanciones se quedan cortas y deberían de ser más severas: “nos hubiera gustado que fuera un poco más alta la cárcel, porque creemos que en sí son varios delitos los que se cometen, de entrada es la tortura, fraude, es la que atentan contra la dignidad de las personas, y creo que en muchos de estos casos hemos tenido conocidas o conocidos en donde han sufrido violaciones correctivas, entonces puede ser el preámbulo de otros delitos, entonces creo que para poderlos prevenir sí debe estar en la ley que el castigo pueda ser mayor”.
Además, la presidenta de Unión Diversa de Jalisco señala que falta que la legislación considere la prohibición y castigo de los discursos de odio, los cuales “muchas veces se han derivado en violencia, en discriminación”.
Por otra parte, en un comunicado, la asociación hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a responder por la desaparición de dos mujeres trans, Karla García Duarte y Kenia Pérez Duarte, vistas por última vez el 18 de diciembre de 2020, junto con Jaime Adrián Ramírez Solís, en el municipio de Zapopan; “no permitamos que este tema se olvide, a Karla y a Kenia las seguimos buscando”.
Además, exige que los municipios cuenten con un reglamento contra la discriminación ; al Gobierno de Jalisco pide mayor protección a defensores de derechos humanos, “contamos con tres usuarios del mecanismo nacional (dos por amenazas de muerte) y creemos que se requiere atención por parte del Estado”.
Unión Diversa de Jalisco exhortó al Gobierno y Congreso a tipificar y castigar los crímenes de odio, crear políticas públicas y campañas en favor de la diversidad sexual para erradicar la discriminación
SRN