De continuar el llamado 'Plan B' de la reforma electoral, en la junta local del INE Guanajuato, un total de 104 funcionarios que pertenecen al servicio profesional electoral serían despedidos debido a la desaparición de las juntas distritales que marcan las modificaciones a le ley; así lo dio a conocer el vocal ejecutivo del INE en la entidad, esto representaría prescindir del 86 por ciento del personal.
“En Guanajuato, tenemos 104 personas que forman parte del servicio profesional electoral en la entidad, de las 104 personas, la propuesta con lo que dice la ley es que deben quedarse sólo 14, sólo 14 personas de los 104 que son del servicio profesional”, explicó Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en Guanajuato.
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El funcionario agregó que de momento no se tiene registro de que alguno de los trabajadores que serían despedidos haya presentado algún juicio de amparo contra esta medida, tal como ya sucedió en la sede central del INE, donde 147 empleados presentaron una impugnación contra la reforma electoral para que no se pierdan sus empleos, no se cancelen sus pólizas y para proteger sus sueldos y salarios.
“Se vence la fecha de presentación de los amparos el 1 de abril, al día de hoy no tenemos conocimiento de si alguien del personal de Guanajuato, tanto de la red administrativa como de servicio profesional, ha presentado amparos, lo que sabemos es que no se ha presentado todavía ninguno. Pero no sabemos de aquí al 1 de abril que pueda pasar o si los trabajadores estarían dispuestos a presentar amparos de manera individual o colectiva y eso es un tema que se ha platicado (…) Quiero ser claro en que hay la libertad total e individual de cada persona de interponer los recursos legales que considere pertinentes en función de la defensa de sus legítimos derechos laborales” señaló Juárez Jasso.
La desaparición de las juntas distritales que pasarían a tener cinco vocales que son miembros del servicio profesional electoral a solo una, conllevaría afectaciones para la organización y capacitación electoral de funcionarios de casilla, así como a la actualización y depuración del padrón de electores, entre muchas otras áreas.
Si bien se reduce el personal y se cambia el nombre de juntas ejecutivas a auxiliares, las obligaciones que les marca la ley y la carga laboral no se verán disminuidas, por lo que la calidad del desarrollo del proceso electoral en la elección del 2024 podría verse comprometida.
MLMG