El Poder Judicial del Estado de Nuevo León y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevaron a cabo la firma de un acuerdo de colaboración con el proyecto de envío y recepción de oficios electrónicos.
El acuerdo tiene por objeto establecer las bases generales para desarrollar una cooperación interinstitucional entre el PJENL y la CNBV, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de impulsar el uso de los sistemas tecnológicos denominados Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad (SIARA) y Tribunal Virtual, única y exclusivamente, para el envío y respuesta de: requerimientos de información, documentación, ordenes de aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencias y/o situación de fondos.
La firma del acuerdo se llevó a cabo por parte de José Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; y el doctor Jesús de La Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; firmando como testigos Juan Ayax Fuentes Mendoza, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos; y el licenciado Juan Morales Alcántara, consejero de la Judicatura de Nuevo León.
Al respecto, Arturo Salinas expresó que Nuevo León es el primer estado que tiene un convenio con una interconectividad a una plataforma que es el Tribunal Virtual y que hará que el acceso a la justicia sea mucho más rápido, sencillo y eficiente para todos los usuarios, pues a través del procedimiento que se pone en marcha se reducen tiempos en los procesos, se ahorran gastos innecesarios y se cumple con la misión de brindar justicia pronta y expedita.
“El compromiso más importante que tenemos en el Poder Judicial es justamente mejorar el acceso a la justicia. Hemos buscado con herramientas tecnológicas que las audiencias sean virtuales, que la gente tenga menores tiempos de traslados, que podamos acortar los tiempos para los usuarios”, refirió.
El convenio con la CNBV, indicó, va permitir que la justicia sea pronta y efectiva.
“Con esta colaboración, procedimientos que tardaban meses, ahora quedarán atendidos en días, sin y tener que pasar por exhortos, sin tener que pasar por oficios físicos, tiempos, etc. Y se vuelve mucha más rápida la interconexión entre el Poder Judicial y la Comisión”.
Buscarán eficiencia y tranquilidad a través del Tribunal Virtual
Se trata, dijo, de ir buscando que el Tribunal Virtual permita que todo lo que se hace dentro de la plataforma pueda llevarse de forma electrónica y esto lo que ofrece es una transparencia, eficiencia y tranquilidad para los usuarios ofreciendo agilidad y el cumplimiento de que el acceso a una justicia pronta y expedita prevalezca.
Por su parte, Jesús de la Fuente Rodríguez destacó que Nuevo León está catalogado como de los mejores en la forma en que aplica y usa la tecnología.
“Ustedes van en otra dimensión, más avanzados que la mayoría de los estados de la República”, subrayó.
Expresó que con este acto se está dando a los operadores jurídicos, a los justiciables y a la población en general una respuesta a sus exigencias.
“Con la incorporación al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, SIARA los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y sus usuarios tendrán múltiples beneficios en la tramitación de los requerimientos a través de mayor celeridad, trasparencia, confianza y certeza”, apuntó.
Agregó que el convenio es un ejemplo de coordinación en el que la tecnología permite servir mejor a los ciudadanos.
“La transformación que estamos realizando ayuda sin duda alguna a fortalecer al Tribunal y también a confirmar el compromiso de que ambas instituciones buscamos coadyuvar en beneficio de todos aquellos que intervienen de distinta forma en el proceso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirma su compromiso de servicio público dentro del marco legal vigente”, añadió.
Recalcó que se está cambiando y rompiendo paradigmas en favor de la simplificación administrativa y de la simplificación regulatoria.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejerce un rol colaborando en el ejercicio de las funciones de las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, mediante la gestión y respuesta a las siguientes solicitudes: requerimientos de información; documentación; ordenes de aseguramiento; desbloqueo de cuentas; transferencias; y situación de fondos.
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