El caso de los presos políticos de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, inició en 2003, luego de que fueran señalados de haber tomado parte en el asesinato de un empresario español por la defensa del agua de su comunidad. En 2019 fueron puestos en libertad luego de que organismos internacionales intervinieran derivado de las irregularidades que detectaron en el caso; a dos años de su liberación los involucrados afirman que su vida cambió para siempre, aunque la reinserción en sus núcleos familiares avanza.
El conflicto nació luego de que el cuerpo del empresario Issac Basso fuera encontrado al fondo de un acantilado. En su momento, las autoridades presentaron testimonios en los que se inculpó de asesinato a los pobladores indígenas Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Dominga González Martínez y fueron aprehendidos para ser juzgados y sentenciados a 50 años de prisión.
Un crimen que no cometieron
Pedro Sánchez Berriozábal y cinco compañeros más fueron sentenciados por un crimen que no cometieron. De no haber sido por la intervención de activistas y especialistas, habrían pasado más de 16 años en la cárcel.
“Todavía no puedo olvidar lo que sucedió en esos 16 años, trata uno de retomar las cosas como las llevaba anteriormente, pero ya no es lo mismo. Trabajo, los precios... al menos todo lo que tenía emprendido se fue para abajo. Tenía dos negocios de tortillería y hoy no tengo nada”, lamentó.
El cambio fue abrupto para él, ya que al salir estaba prácticamente enfrentando un mundo nuevo a pesar de que el lugar le era conocido. No obstante esta nueva realidad que hoy enfrenta, admitió que hubo momentos en los que perdió la esperanza.
“Es muy complicado estar en la cárcel, sobre todo cuando uno sabe que está en una causa de lucha social y no es por delinquir, se hacen los días más difíciles, o sea convives con personas y hay resignación por algunos, pero por parte de los que sabemos que no cometimos ningún crimen, simplemente vivimos indignados, esperando que algún día se hicieran valer nuestros derechos”.
Una sentencia injusta
En el caso de Pedro, él fue sentenciado a los dos años de haber sido detenido. Con precisión, recordó que fue asegurado el 22 de julio de 2003 a las 6:00 horas por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad.
Hoy reconoce que sin la intervención de la sociedad y la presión para exhibir el atropello del aparato judicial, seguiría dentro. “El sentimiento es de qué hubiera pasado si no intervienen las organizaciones internacionales, nacionales y locales, o sea, era tiempo que quizá todavía estuviéramos ahí, porque así como nosotros vimos a varios compañeros igual con una lucha social”.
Después de la excarcelación
Estuvieron internados en el Centro de Readaptación Social de “Santiaguito”, en el municipio de Almoloya de Juárez, luego de que el caso fuera reabierto y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desistiera de los cargos, esto en 2019.
A los dos años de haber logrado su tan deseada libertad y de sortear las deficiencias del aparato judicial, es que se enfrentan de nueva cuenta a otro tipo de retos y uno de ellos fue la reinserción.
Uno de los principios por los cuales operan las prisiones es el de la readaptación social, lo que en teoría ayudaría a que los sujetos se reincorporen a la sociedad una vez pagado su delito, sin embargo, en el caso de este grupo de indígenas fue distinto porque pugnaron una condena por un crimen no ejecutado.
Teófilo Pérez González fue uno de los hombres que estuvo recluido durante 16 años y escuchó tras las rejas cómo es que la economía de su familia mermó, los ánimos decaían y la esperanza de verlo libre se diluía.
“Es bonito porque después de 16 años buscando una libertad, buscando justicia, se nos concedió. Llega uno a la familia y al inicio todo es bonito, todo es nuevo, caras nuevas, gente nueva, gente que dejamos, en caso de mis hijos los dejé chiquitos y ahora que regreso ya son papás, ya tienen a su familia”.
Los gastos conforme fue avanzando el tiempo incrementaron, lo que provocó que tuvieran que ir poco a poco vendiendo sus cosas. “A estos dos años que tenemos dentro de la familia, dentro de la sociedad, la verdad es que estamos bien y trabajando para sostener a la familia, a los hijos y más que nada, hablando económicamente pues nos damos cuenta que no tenemos nada, que los bienes se acabaron por los gastos que se tuvieron en la situación y pues tenemos que seguir trabajando porque no nos queda de otra”.
En el ámbito familiar, uno de los impactos más fuertes que recibió Teófilo fue el de perderse el crecimiento de sus hijos. El mayor de ellos ya era un hombre cuando salió de prisión y ahora él tenía que adaptarse a esta nueva dinámica de vida.
“Sí fue difícil porque fueron bastantes años, fueron 16 años en los cuales pues uno deja a la familia, a los hijos y ellos se fueron formando durante tantos años, entonces uno llega a incorporarse a la familia. Uno como padre de familia llevaba la dirección y llega uno y dice ahora tengo que ver cómo me voy a dirigir, a incorporarme hacia ellos”.
Desplazados 16 años
En esta historia es importante hablar de Santos Alejandro Álvarez Zetina y Rey Pérez Martínez, dos hombres originarios de un pueblo náhuatl que vivieron un encarcelamiento distinto, ya que si bien no fueron resguardados en un penal, fueron obligados a ser desplazados durante 16 años.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió en agosto de 2004 un cartel, junto con sus homólogos de Tlaxcala y Guerrero, en donde figuraron 65 delincuentes entre los que se encontraban homicidas y secuestradores.
En la imagen aparecieron las fotografías de ambos campesinos, que escaparon al ver la detención de sus compañeros y vecinos. Rey Pérez confesó que huyó al norte del país durante 16 años, pero el estar apartado de su familia fue el castigo que tuvo que pagar.
“Se siente feo porque dejas a tus seres más queridos, a tu papá, tu mamá, mi esposa, mi hijo, él estaba muy pequeñito y se quedó desamparado, tenía 8 años y durante todo ese tiempo hubo presión contra la familia. Muy tristes esos 16 años que se vivieron desplazados, siempre huyendo de la justicia, eso fue un desgaste de lo más complicado que pueda tener uno”.
Uno de los daños colaterales de esta historia, además del inminente paso del tiempo, es el hecho de que perdieron las fuentes de ingresos. “Cuando nos vamos, cuando nos desplazan, teníamos más o menos de qué sobrevivir, llegamos y ya no tenemos nada, lo que teníamos en proceso para seguir trabajando se nos acabaron esas ideas y mi intención de poder sobresalir”.
Pérez Martínez hoy día se dedica al campo y, a dos años de su liberación, idea la forma para ganarse la vida de manera honesta. “Me quedó un terrenito y ahorita lo que estoy haciendo es limpiar, volver otra vez a empezar y sembrar otra vez maíz”.
Activismo.Intervención externa...
El caso fue mediático gracias a la intervención de los familiares que consiguieron apoyo por parte de diversas organizaciones y de activistas. La toma de casetas y las manifestaciones fueron claves para atraer la atención sobre este evidente caso de abuso. Marisela Molina González, esposa de uno de ellos, fue una de las más activas para que obtuvieran su libertad.
KVS