La Universidad Iberoamericana Puebla propuso la conformación de una comisión interinstitucional que se encargue de la elaboración del Plan Integral de Restauración Ecológica y Saneamiento de la Cuenta del Alto Atoyac (CAA) para que se atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizadas hace dos años ante violaciones a garantías de los pobladores de Puebla y Tlaxcala.
María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA) de la Universidad Iberoamericana Puebla, resaltó que el derecho a una cuenca y a cuerpos de agua libres de contaminación está contemplado dentro de Constitución Mexicana.
Señaló que la Cuenta del Alto Atoyac se encuentra deteriorada y contaminada, situación que viola los derechos de las personas, como lo establece la recomendación 10/2017 del 21 de marzo de 2017 realizada por la CNDH, en contra de autoridades federales, estatales y locales por actos y omisiones en torno a la contaminación ambiental en los ríos Atoyac y Xochiac y de sus afluentes.
Recordó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó la existencia de violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información, problemas que se mantienen sin ser atendidos por las autoridades.
A nivel federal, las recomendaciones de la CNDH fueron dirigidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; mientras que a nivel local, se giraron al gobierno de Puebla, al estado de Tlaxcala; así como a los ayuntamientos de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e lxtacuixtla de Mariano Matamoros.
“La Cuenca del Alto Atoyac, en cuyo territorio se ubica la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala y otros 32 municipios, presenta una baja disponibilidad natural de agua. Sobre ella, se genera una fuerte presión hídrica debido a que en este espacio se concentra una elevada proporción de la población de ambos estados y actividades económicas”, explicó.
Por su parte, José Rosario Marroquín Farrera, investigador del IIMA de la Ibero, lamentó que las diferentes administraciones públicas, federales y estatales no estén dando seguimiento a las problemáticas en materia de seguridad hídrica.
“Es urgente mantener planes transexenales que atiendan las recomendaciones expresadas por la CNDH. El papel de la ciudadanía recae en la participación y expresión de ideas y necesidades por parte de los usuarios de sistemas hídricos. Se trata de derechos que se encuentran presentes en la Constitución”, comentó.
Resaltó la importancia de incorporar la dimensión territorial en la comprensión, análisis y planteamiento de soluciones a nivel de cuenca para mejorar las capacidades de incidencia política. “El agua debe verse como bien común y ser vivo, promoviendo una educación ambiental formativa y vinculante con la realidad”, finalizó.
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