Puebla negocia compensaciones por tierras expropiadas hace más de 40 años

Mónica Silva confirmó que el Ayuntamiento reconoce el derecho de los ejidatarios a ser compensados, aunque advirtió que el pago deberá enmarcarse dentro de un procedimiento legal y administrativo.

Puebla negocia compensaciones por tierras expropiadas hace 40 años | EsImagen
Puebla /

El gobierno municipal de Puebla ha iniciado un proceso formal de conciliación con ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, quienes desde hace décadas reclaman la indemnización por terrenos expropiados y utilizados para el desarrollo de vialidades en la ciudad. La disputa, que derivó recientemente en bloqueos viales en avenidas como Valsequillo y Las Torres, ha cobrado nueva relevancia al convertirse en una prioridad para la administración actual.

La síndica municipal Mónica Silva Ruiz confirmó en entrevista con TELEDIARIO Puebla, que el Ayuntamiento reconoce plenamente el derecho de los ejidatarios a ser compensados, aunque advirtió que cualquier pago deberá enmarcarse dentro de un procedimiento legal y administrativo y estar sujeto a la capacidad financiera del municipio. “No tenemos el dinero en el cajón. No es una cuestión de voluntad, sino de ley y de orden presupuestal”, afirmó.

La controversia se remonta a una expropiación realizada hace más de cuarenta años, pero fue en 2020 cuando los comuneros iniciaron un juicio de restitución ante el Tribunal Agrario. El fallo de 2023 reconoció sus derechos sobre los terrenos y obligó al municipio a pagar o restituir las tierras, hoy ocupadas por arterias viales de alta demanda.

Los ejidatarios estiman que la deuda asciende a 1,200 millones de pesos, aunque no existe aún una determinación judicial o administrativa que fije el monto definitivo.

Como parte de los acuerdos más recientes, el gobierno municipal y los representantes del ejido establecieron una tregua de 60 días hábiles sin bloqueos ni protestas, periodo en el que se desarrollarán tres mesas de seguimiento para definir los pasos a seguir. “Nuestro compromiso es garantizar sus derechos sin comprometer la viabilidad operativa del municipio”, señaló Silva Ruiz.

Este caso, uno de varios heredados por administraciones pasadas, pone en evidencia una deuda histórica con comunidades rurales cuyas tierras fueron absorbidas por el crecimiento urbano sin compensación adecuada. “Es una situación que no solo se limita a San Baltasar. Hay muchas expropiaciones en la misma condición”, reconoció la funcionaria.

AAC

  • Alberto Rueda

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