Puebla ocupa el primer lugar en discriminación hacia los integrantes de la comunidad Lgbttti, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Diversidad, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Lo anterior lo informó Tuss Fernández, hombre transgénero, durante el Conversatorio de Derechos Políticos y Electorales de la comunidad Lgbttti, quien destacó que en la entidad no hay una disminución contra la discriminación.
Resaltó que esto inicia con los familiares de los que tienen otras preferencias sexuales, con los vecinos e instituciones, debido a que desde el gobierno en los diferentes niveles no se reconocen los derechos humanos.
El activista indicó que en el pasado mes de noviembre realizó una solicitud de información a través de Infomex, en donde pidió al estado a través de la Secretaría de Seguridad Estatal, que informará las estadísticas de la población perteneciente a los que se consideran como grupos vulnerables de las personas Lgbttti, en situación de cárcel.
Sin embargo, la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “ fue que no tiene datos porque lo que corresponde a las personas Lgbttti, en los centros penitenciarios del estado, se realiza una clasificación de personas por sexo solo de hombres y mujeres”.
El activista, señaló que es un ejemplo de lo que tienen que vivir quienes deciden dicha vida, al resaltar que todos los formatos oficiales tienen una clasificación, de dos sexos y los de la comunidad no son tomados en cuenta.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Diversidad, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2010, 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales.
Asimismo, 3 de cada 10 se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo y un 80 por ciento de los mayores de 50 años difieren en que puedan adoptar.
De enero de 2011 al 30 de abril de 2012, el Conapred documentó 273 quejas por violaciones a los derechos de las personas Lgbttti, 36 de ellas contra servidores públicos.
MPL