En Puebla, fueron ubicadas 265 empresas que facturan operaciones simuladas o expiden facturas fraudulentas, es decir, firmas ligadas a facturas fraudulentas utilizando métodos para ocultar flujos financieros ilícitos, así como para evadir los trámites aduaneros y el pago de derechos y de cuotas.
De acuerdo con la investigación “La facturación fraudulenta de operaciones simuladas” realizada en abril de este año por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, las operaciones comerciales simuladas y su facturación fraudulenta forman parte de un submundo delincuencial que distorsiona la contabilidad de las naciones y se ha convertido en un obstáculo para los sistemas tributarios y para el desarrollo económico contemporáneo.
Con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el estudio revela que las actividades ilícitas de las denominadas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas aumentó 31 por ciento de 2014 a 2018. En el año 2019, fueron detectadas ocho 204 empresas. Entre enero de 2014 y junio de 2019, las empresas que facturan operaciones simuladas y expiden facturas fraudulentas expidieron ocho millones 827 mil 390 documentos falsos.
Puebla se encuentra entre los 10 estados en los que se ubicaron el mayor número de empresas que facturan operaciones simuladas, con 265 unidades. En el primer lugar aparece la Ciudad de México con mil 64; le sigue Jalisco con 840; luego aparece Nuevo León con 712; en cuarto lugar se ubica Veracruz con 487; y en quinto lugar aparece Coahuila con 428.
En el sexto lugar aparece el Estado de México con 396 empresas; le sigue Guanajuato con 297; luego se encuentra Guerrero con 278 y Puebla en noveno lugar con 265 firmas.
Del total de empresas que facturan operaciones simuladas, 61 por ciento se encuentran dentro de las denominadas actividades económicas tangibles, es decir, son generadoras de bienes; mientras que el 39 por ciento restante comprende las actividades de naturaleza intangible relacionadas con el ramo de los servicios.
Dentro de las empresas que facturan operaciones simuladas en el área de actividades tangibles, el comercio al por mayor representó 40 por ciento del total; la construcción, 34 por ciento; el comercio al por menor, siete por ciento; y las funciones desarrolladas por las industrias manufactureras, siete por ciento.
Por lo que toca a las actividades de naturaleza intangible, los servicios profesionales, científicos y técnicos alcanzaron 61 por ciento del total de dichas actividades; mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación ascendieron a 19 por ciento; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles representaron el siete por ciento.
“Las prácticas relacionadas con la facturación fraudulenta de bienes y servicios son un fenómeno que ha rebasado la capacidad de las naciones para poder controlar un ilícito cuya enorme magnitud tiene severas implicaciones económicas y fiscales”, revela el análisis.
El documento agrega que las recientes reformas legislativas expedidas al efecto deberán afrontar el reto de disminuir significativamente el monto de recursos fiscales que dejan de canalizarse al desarrollo nacional como resultado de la evasión fiscal derivada de la facturación fraudulenta. “Por la naturaleza de dichas reformas, esa efectividad deberá ser puesta a prueba y rendir frutos en el corto plazo”.
mpl