Pueblos de Jalisco, firman acuerdo por el agua

Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato se han puesto de acuerdo a espaldas de los movimientos, de las comunidades y de las luchas para distribuirse el agua del Río Verde

Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato se han puesto de acuerdo para distribuirse el agua del Río Verde. (Franco González)
Franco González
Guadalajara /

A raíz del acuerdo de entendimiento para la distribución del agua del Río Verde, celebrado el pasado 29 de junio entre el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y su homólogo del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, habitantes de los municipios de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, acompañados de representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), anunciaron que, a partir del 4to encuentro realizado en el municipio de Temacapulín, tomaron la decisión de firmar un acuerdo alterno.

“Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato se han puesto de acuerdo a espaldas de los movimientos, de las comunidades y de las luchas para distribuirse el agua del Río Verde” señalaron y dieron a conocer que también se encuentran en pláticas con comunidades, pueblos y organizaciones de Guanajuato.

Este acuerdo tiene como principales ejes, los artículos de la constitución que se relacionan con el derecho de los ciudadanos a decidir en referencia a sus bienes comunes naturales como el agua, el reclamo a que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, no tienen derecho a repartirse el agua del Río Verde ni de ningún otro, sin considerar la participación y consulta de las personas, las culturas y la biodiversidad que habita esas cuencas hidrológicas y territorios.

Insistien que en México debe aprobarse una nueva ley general de aguas que ponga en el centro el respeto al ciclo hidrológico del agua, los derechos humanos, la equidad en el acceso y la sustentabilidad, además de mostrar su preocupación en el manejo del presupuesto y endeudamiento en materia de agua para el 2019, ausente de un ejercicio participativo en el campo y la ciudad para decidir su desarrollo e implementación y que prioriza obra hidráulica que no corresponde a un modelo de gestión integral del agua.

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