El pasado 23 de abril entró en vigor de la reforma en materia de outsourcing o subcontratación en el sector privado y en el público federal en el país, y partir de esta fecha las empresas tendrán tres meses para regularizar la contratación de sus empleados. El objetivo de la reforma es eliminar las malas prácticas que dañan los derechos laborales y evitan la evasión de obligaciones patronales, así como defraudación fiscal. El Decreto contiene los cambios hechos a siete leyes: Ley Federal del Trabajo; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Código Fiscal de la Federación; Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
¿Qué es la subcontratación?
Ser contratado bajo el modelo de outsourcing significa que la empresa para la que trabajas no lleva la administración de tu cargo, sino que tu patrón es un “tercero”. Según la Ley Federal del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación tiene a un patrón denominado contratista que ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Lo hace a favor de un contratante, una persona física o moral, quien fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios contratados. Para ser legal, este régimen de trabajo tiene que cumplir con ciertas condiciones. En el caso de que estas condiciones no se cumplan, el contratante se considerará como si fuera el patrón para todos los efectos legales, incluidas las obligaciones que tiene sobre la seguridad social a sus trabajadores. En México, algunas empresas utilizan el outsourcing para hacer más fácil la gestión de recursos humanos, reducir tiempo y costos para su negocio. La mayoría lo hace con servicios como limpieza, comedor, seguridad, etc.
¿Por qué se decidió regular el outsourcing?
Durante el primer operativo para supervisar el correcto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, realizado en septiembre de 2019 en coordinación con el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit y la UIF, se evidenciaron una serie de medidas que han afectado a millones de trabajadores en México, las cuales no les permiten generar antigüedad, ser partícipes del reparto de utilidades, recibir aguinaldo, prima vacacional y ejercer libremente sus derechos colectivos.
¿Cuáles son los cambios de la reforma?
La subcontratación está prohibida, salvo excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
El outsourcing está permitido cuando sean servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante y las empresas y patrones deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento por parte de esas prestadoras del servicio especializado.
También queda prohibido que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal participen en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios.
El decreto señala que, en el caso de las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, las nuevas disposiciones de la reforma entrarán en vigor en el 2022.
A partir de la entrada en vigor del decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá 30 días naturales para expedir las disposiciones de carácter general del registro que alimentará un padrón en el que se darán de alta las empresas subcontratistas.
Dicho padrón podría estar listo a mediados de mayo y las empresas que presten servicios especializados deberán renovar su autorización cada 3 años, además de regularizar a su personal y eliminar los esquemas de outsourcing e insourcing, en un plazo de 90 días. Las empresas interesadas tendrán que acreditar primero el cumplimiento de sus obligaciones laborales de seguridad social y aquellas de tipo fiscal.
Multas por incumplimiento de la reforma laboral
No cumplir las nuevas disposiciones implica multas de hasta 50 mil veces la UMA, es decir, hasta 4 millones 481 mil pesos para quien realice o preste servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente.Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditación. Asimismo, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.
Otros cambios interesantes
La reforma sobre la subcontratación laboral ya ha propiciado que empresas abandonen las prácticas de utilizar terceras compañías que contraten a su personal, con el objetivo de pagar menos salarios e impuestos. En el caso del reparto de utilidades, la Secretaría del Trabajo estima que este beneficio se incremente en 100 mil millones de pesos en favor de los trabajadores, ya que establece la obligación para las empresas de repartir 10 por ciento de sus utilidades generadas.
Para tener un modelo que no genere distorsión y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para el reparto de utilidades: una, que es de hasta 90 días; y la segunda, el promedio de los últimos tres años.
Bajo este esquema, ningún sector y ningún trabajador se vería afectado, pues se respetará el esquema que sea más favorable para el trabajador y es por ello que en la mayoría de los sectores hay un incremento. Y en aquellos que habían repartido históricamente mayor utilidad, se respetarán esos montos.
Además, alrededor de 300 mil trabajadores que se encontraban bajo modalidades de contratación de insourcing y outsourcing, ya han sido reconocidos y transferidos por las empresas para las que realmente laboran. En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también reportó incrementos en el registro de salarios que van del 15 hasta el 32 por ciento por ese tipo de transferencias laborales.
Los números en el Edomex
En el país existen 379 empresas de outsourcing registradas legalmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), quien estima que hay otras 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden aproximadamente 21 mil millones de pesos al año, es decir, que pagan las cuotas, pero por debajo de lo que deben.
De las 379 empresas legales, 17 están ubicadas en el Estado de México y deberán registrar y cumplir con lo dispuesto en la nueva reforma.
De acuerdo con los resultados definitivos de los Censos Económico 2019, en el Estado de México el personal no dependiente de la razón social o que está bajo la modalidad de outsourcing tuvo un incremento de 3.9 por ciento en los últimos 10 años, cuando representaba 13.1 por ciento. Las industrias manufactureras y el comercio al por menor registran el mayor número de contrataciones.
Este modelo de subcontratación tiene 429 mil 947 mexiquenses inmersos en el mercado laboral con tasas de crecimiento promedio anuales por encima del 4.5 por ciento en los últimos años. Del total 259 mil 162 son hombres y 170 mil 785 son mujeres.
Las industrias manufactureras concentran 145 mil 859 personas; mientras que el comercio al por menor registra a 116 mil 610 personas; el comercio al por mayor 48 mil 520; los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas tienen 25 mil 589, y los transportes, correos y almacenamiento a 21 mil 129.
A nivel nacional se registraron 4 millones 685 mil 356 personas no dependientes de la razón social, de las cuales 2 millones 921 mil 336 son hombres y un millón 764 mil 20 son mujeres. De total, el mayor porcentaje se concentra en las industrias manufactureras con un millón 164 mil 508 y en el comercio al por menor un millón 33 mil 530 personas.
Las críticas
Los resultados, si bien muestran un alto porcentaje de opiniones críticas hacia las prácticas del outsourcing, también reportan opiniones divididas en cuanto a las consecuencias económicas de su desaparición: 47 cree que de prohibirse se afectaría la economía del país, mientras que 45 por ciento cree que se afectaría poco o no se afectaría; 49 por ciento considera que se afectaría la productividad de las empresas (10 por ciento se afectaría gravemente, 39 por ciento afectaría mucho), mientras que 32 por ciento considera que se afectaría poco.
Sobre las condiciones laborales de las empresas que se dedican a ofrecer servicios de subcontratación, 78 por ciento considera que ofrecen salarios más bajos. Se concluye en este tema que la mayor parte de la población considera que este tipo de contratación perjudica a los trabajadores mexicanos, aunque, una ligera mayoría (52 por ciento), no cree que operen fuera de la ley.
De acuerdo con la STyPS de los 4 millones 685 mil 356 personas al menos 2.9 millones estarían bajo un esquema de subcontratación ilegal.
La población percibe que con la subcontratación se cierran áreas y puestos de trabajo en las empresas (60 por ciento). También porcentaje similar afirma que si la subcontratación desaparece es probable que el personal quede desempleado.
MMCF