Un juez vinculó a proceso a Miguel Ángel Guerrero López, ex director Jurídico y de Gobierno de Tlalpan en el periodo 2012-2015, quien es señalado por el delito de prevaricación, tras presuntamente haber validado modificaciones estructurales al Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
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En esta escuela, ubicada en Rancho Tamboreo 11, colonia Nueva Oriental Coapa, y en la que murieron 26 personas, el cuarto piso debía ser demolido.
El 28 de septiembre de 2018, la entonces delegada Claudia Sheinbaum informó que el 23 de junio de 2010 se realizó una visita de verificación a la escuela y se detectó la construcción de un cuarto piso, registrado como gimnasio; dijo que en agosto se ordenó clausurar dicha construcción, pero presuntamente no fue así.
"En 2010 se construye un cuarto nivel y en el expediente jurídico se ordena la demolición. El 23 de agosto se ordena clausurar y sancionar con el 5 por ciento del valor de la construcción. No hay ninguna evidencia en los expedientes de que se haya subsanado el procedimiento”, comentó.
Sheinbaum dio a conocer que en noviembre de 2013, la entonces Dirección General de Obras de Tlalpan notificó a Guerrero López que en la escuela se realizaban obras de demolición que dañaban elementos estructurales, los cuales afectaban la estabilidad de la construcción.
"Es verdaderamente indignante, indignante, en el expediente jurídico, y se los voy a leer. La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le dice a Jurídico lo siguiente: al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercer y cuarto piso, nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción, eso le dice la Dirección General de Obras y de Servicios Urbanos al director general de Jurídico y de Gobierno. Se cierra el expediente jurídico con 21 mil pesos de multa. Indignante”, dijo Sheinbaum.
De acuerdo con la indagatoria, al dictar la resolución que daba por concluido el procedimiento administrativo, Guerrero López
lo hizo sin tomar en cuenta lo señalado en el reglamento de construcciones, al validar los trabajos que se realizaban en el inmueble, los cuales contravenían la referida reglamentación, con lo que otorgó una ventaja a Mónica García Villegas, propietaria del inmueble.
Durante la audiencia inicial, el representante social del fuero común formuló la imputación correspondiente y presentó los datos de prueba necesarios que permitieron al juzgador vincularlo a proceso.
Al reconocer su participación en los hechos, el ex funcionario se comprometió a presentarse de manera mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de seis meses.