La Oficina de la Rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) que encabeza Cecilia Anaya Berríos pidió al denominado nuevo patronato de la institución que acate la orden del Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla devuelva las instalaciones.
Asimismo, después de que el nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno estatal, informó que por una nueva orden del Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, continuará administrando el campus universitario, el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez Martínez, aseguró que se trata de una información sin sustento.
“Faltan a la verdad, tratan de generar confusión con un comunicado apócrifo, ilícito. El Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla ordenó que se regresen las instalaciones a la fundación que encabeza Margarita Jenkins de Landa. Hay una suspensión vigente que los obliga a la devolución de las instalaciones”.
A través de un comunicado, la Rectoría de la universidad ubicada en San Andrés Cholula aseguró que el “falso y mentiroso” el comunicado emitido por el “patronato espurio” en el que se asegura que un juez determina que mantengan el control de las instalaciones universitarias.
La rectoría que encabeza Anaya Berríos aseguró que es relevante precisar que la Udlap y sus patronos legítimos cuentan con cinco suspensiones concedidas por jueces federales sobre el mismo tema.
La rectoría de la Udlap destacó que el Juez de Distrito resalta la ilegalidad en el actuar de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (Jciap), órgano del gobierno del estado.
Rodríguez Martínez explicó que el nuevo Patronato busca generar confusión entre la sociedad y resaltó que el juez federal determinó que el campus debe regresar al patronato de la Fundación Mary Street Jenkins.
AFM