El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, afirmó que empresas relacionadas con las irregularidades por más de 9 mil 500 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se han presentado a devolver dinero de manera voluntaria.
“Cuando ya las empresas están viendo que estamos actuando, muchas ya se presentaron de motu proprio a decir ‘yo te cobré y no presenté, aquí está y devuelvo el dinero’, y entonces estamos muy atentos a esta situación”, dijo.
Al reanudar su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados para la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y la cual fue suspendida el pasado 7 de noviembre por un bloqueo de manifestantes, Salcedo informó que la Función Pública ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción en la referida empresa.
“Por falta de confianza, cambiamos casi todo el cuerpo directivo de Segalmex y estamos, por supuesto, con 661 expedientes de investigación y ya tenemos 38 pliegos en la Fiscalía General de la República”, detalló.
Señaló que la dependencia a su cargo integró un cuerpo colegiado, con la participación de varias secretarias, para poner orden en Segalmex.
Interrogado por los legisladores, el funcionario reveló que, derivado del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, se abrieron ya dos investigaciones a servidores públicos por incurrir en presunto “lavado” de dinero.
“En relación con Guacamaya Leaks, en el órgano interno de control de la Sedena existe un procedimiento de investigación administrativo contra dos funcionarios públicos que habrían lavado dinero por un monto de más de 200 millones de pesos; el OIC de la Sedena recibió una denuncia de la UIF con motivo de estas operaciones y la Sedena inició seis expedientes sobre este asunto”, abundó.
Por separado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados acordó celebrar a una mesa de trabajo con Leonel Cota, director general de Segalmex, para explicar la situación de la empresa, así como los elementos para llegar al fondo en el tema de corrupción en esa institución.
El presidente de la comisión, Pablo Angulo, subrayó que es facultad exclusiva de los diputados la fiscalización, por lo que de ninguna manera pueden renunciar a ello ni a la obligación de vigilar de manera adecuada el uso de los recursos públicos.
HCM