Luego de años de dimes y diretes entre vecinos, la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) expidió el registro a una administración externa para distender el pleito entre los condóminos del edificio de Reforma Guadalquivir, donde se encuentran dos departamentos que habitó el escritor Octavio Paz.
Mientras el inmueble se encuentra en un estado de deterioro, con cuarteaduras, goteras y fallas constantes en los elevadores, un sector de los vecinos se niega a pagar las cuotas de mantenimiento, al alegar que el grupo dominante no ha sido transparente en reportar y justificar los gastos realizados.
Con esta determinación de las autoridades capitalinas, ambas partes muestran signos de buscar un arreglo que permita revertir los daños que padece uno de los edificios históricos más emblemáticos de la Ciudad de México.
La Prosoc dio el registro a la empresa externa Kapital Soluciones Inmobiliarias como la administradora del inmueble, el primer condominio mixto de la capital mexicana con espacios habitables, comerciales y para oficinas.
“Vamos a acreditar a una administración con base en el voto de la última asamblea de condóminos”, definió Omar Piña, subprocurador de Derechos y Obligaciones de la Prosoc.
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Un pleito añejo
Llegar a esta decisión no fue un asunto sencillo: dos grupos de vecinos pelearon el control de la administración del inmueble donde el Premio Nobel de Literatura, el mexicano Octavio Paz, escribió la mayor parte de su obra durante las tres décadas que tuvo su morada en los departamentos 104 y 105 de la Torre A.
El inmueble está dividido en dos torres: una habitacional, otra de oficinas empresariales y un corredor comercial. Lo integran 140 indivisos –bienes inmuebles que no pueden dividirse equitativamente– con 80 propietarios.
El bando de la Torre A, donde se encuentra la zona habitacional, pugnaba porque la empresa Kapital Soluciones Integrales (KSI) siguiera como administradora después de ocho años, mientras que, en la Torre B, donde se encuentran todas las oficinas, se pretendía que fuera a través de una asociación civil.
Los primeros acusaron a los propietarios de la Torre B de morosidad en las cuotas de mantenimiento con las cuales, aseguraban, se podría frenar el deterioro del emblemático complejo que fue el primer condominio en la capital mexicana y una obra representativa del arquitecto mexicano más importante del siglo XX: Mario Pani.
A pesar de también reconocer su adeudo en los pagos, en la Torre A argumentan que esta morosidad fue una decisión consciente, una protesta ante la falta de transparencia por parte de la administración sobre el uso de los recursos y por lo cual el inmueble empezó a estropearse desde antes que ellos dejaran de pagar.
El subprocurador Omar Piña reconoce que existen muchos vacíos legales en la Ley de Condóminos que permiten que crezcan las disputas y, por ello, reconocer a una administración implicó invertir mucho tiempo. “El aprendizaje de este caso nos llena de orgullo porque es un reto poner de acuerdo a tantos departamentos”, dice.
Finalmente, KSI continuará en la administración con base en la votación de la Asamblea de condóminos que se logró el pasado 9 de junio de 2023.
En la Torre B, donde pugnaban por un cambio de administración hacia la asociación civil, han adelantado que impugnarán la decisión de la Prosoc, pero coinciden en algo: debe haber cuentas claras para que ellos, que representan el 30 por ciento del total de propietarios morosos, se pongan al día con los 14 millones de pesos que han dejado de pagar.
La falta de transparencia y la morosidad son dos de los problemas más comunes entre vecinos frente a una Procuraduría Social que carece de facultades para sancionar más allá de la conciliación.
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Condóminos distantes… y exigentes
Cada vez que Enrique Roel llega a sus oficinas en la avenida Reforma 369, donde se encuentra el condominio, el elevador le recuerda que algo está mal en su lugar de trabajo.
Como propietario de todo el Piso 8 en la Torre B necesita llegar por el ascensor, pero no puede: por su falta de pago, la administración de KSI bloqueó el servicio —solo llega hasta el nivel 7— y por eso él tiene que subir las escaleras a pie con las complicaciones de la tercera edad.
“Se quejan de que no se han pagado cuotas, pero es una protesta por el deterioro”, insiste y da un ejemplo: “En tres ocasiones nos pidieron dinero para arreglar los elevadores que están en mal estado y ese dinero se desvió y no sabemos en qué se usó”.
Elías Alberto Almendariz, a quien KSI señala como uno de los principales morosos, coincide en que el impago fue una medida radical, cuando se vieron impotentes ante la falta de rendición de cuentas, de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo reconocido por todos los condóminos y el uso “discrecional” de los recursos comunitarios.
“Queremos que se haga una auditoría para que se aclare todo”, dice Armendáriz. Reconoce que cubrirá el adeudo, pero antes requerirán de un programa definido y supervisado de lo que se hará en el condominio, con diversos presupuestos para escoger y poder reparar todos los estropicios que se han acumulado.
El edificio se está hundiendo, los murales que se atribuyen a Carlos Mérida están abandonados y salpicados de cochambre por las cocinas de la zona comercial, amén de las humedades y las osadías de condóminos que arreglaron a su gusto áreas comunes sin tomar en cuenta el valor histórico y a pesar de que lo prohíbe la ley –o por desconocimiento respecto de ésta.
Antonio Vera, quien tiene en la Torre B una de las empresas de seguridad más importantes de México, dice que le “da pena” que sus clientes miren el descuido del lugar que ha sido inspiración de los mejores artistas, un condominio que frecuentemente visitan estudiantes de todo el mundo para entender la arquitectura funcional y estética.
“Es verdad que debemos cuotas, yo debo tres años, varios debemos, pero el total no son los 14 millones que ellos dicen, eso está muy inflado, había que ver los estados de cuenta, no se sabe cuánto dinero hay en el banco”, justifica.
Alejandro Hernández, representante de KSI, detalla que existe una aplicación donde la administración ha dado cuentas de cada uno de los gastos y está abierta para todos los condóminos, sin embargo, estos no están a gusto con esta app.
Carolina Salgado, accionista de una empresa con propiedad en Reforma Guadalquivir, replica que, si bien hay un desglose, este es muy confuso: los desembolsos no tienen explicaciones específicas y lo poco que se puede consultar es sólo en la versión PC o laptop, no en la app para el celular.
Otra decisión de la KSI que molestó a los morosos fue el uso de una cuota extraordinaria que se pidió en 2020, tres años después del sismo de 2017, por los daños en los edificios y el dinero no se usó para ese fin, sino que se desvió para pagar un adeudo de luz porque la Comisión Federal de Electricidad amenazó con cortarles la corriente.
“Debíamos tres millones de pesos porque nos habíamos colgado clandestinamente a la corriente callejera con un diablito, ¿a poco no se habían dado cuenta de eso antes? No sabemos si se estuvo reportando como un pago, aunque estábamos colgados”, especula Carolina Salgado.
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¿Fin al laberinto de la vecindad?
El 22 de agosto de 2022 el condominio Reforma Guadalquivir se quedó en el limbo cuando se venció el registro de la administración del condominio que estaba a cargo de KSI, debido a que los condóminos no se pusieron de acuerdo y la Prosoc estaba en paro administrativo.
Ante esa situación, los vecinos de la Torre B quisieron registrar una asociación civil para suplir a KSI y así empezó una disputa que impedía la realización de una asamblea de condóminos. Unos y otros se acusaron de boicotear al de enfrente hasta el 9 de junio, ya con la presencia de las autoridades.
Los disidentes dicen que no fueron notificados, pero el subsecretario Piña, de Prosoc, aseguró que se hizo pública la convocatoria en las zonas públicas, tal y como marca la ley y así lo constataron en el lugar de los hechos.
En entrevista con MILENIO, el funcionario reconoce que sacar adelante al emblemático condominio es un asunto de voluntad de ambas partes: por un lado, los deudores deben pagar y la administración tendrá que mejorar su rendición de cuentas.
Hernández, representante de KSI, dice que la compañía está dispuesta a entregar los estados de cuenta y a negociar el pago de morosidades con un descuento en los recargos que, según la ley, es del 9 por ciento anual. “Estamos a disposición para tener cuentas claras con ellos y ser un equipo”, garantiza.
Para Andrés Cosío, vecino del condominio en la Torre A, la armonía se dará no solo con la transparencia, las auditorías y el pago de cuotas, sino con la participación de todos en las responsabilidades comunes. Su experiencia le indica que hay muchos propietarios que no les gusta involucrarse.
“Es fácil exigir a tus vecinos si no participas y no pagas”, resume.
MO