Al menos 20 por ciento de las escuelas particulares en Puebla se colocarían en riesgo de cerrar en caso de que entre en vigor la Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020” de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal.
María del Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (Aneppi), aseguró que la nueva norma, más que educativa es económica, ante lo cual, aumentan los requisitos para los prestadores de servicios educativos.
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De acuerdo con la Secretaría de Economía, la nueva normal busca que con apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se evitar que los prestadores de servicios educativos establezcan cobros injustificados o innecesarios durante el ciclo escolar sin previa autorización de los usuarios del servicio, ni obligarlos a contratar servicios adicionales para la acreditación de los planes y programas de estudios; en cuyo caso, estos serán proporcionados sin costo para los usuarios del servicio.
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María del Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Aneppi, la nueva norma es sobre regulatoria y abre la posibilidad de duplicidad las funciones entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía, con ello, las escuelas particulares se colocan como proveedores y los estudiantes como consumidores, colocando a la educación como un servicio mercantil y no uno público.
“La educación no es una actividad comercial. Las escuelas particulares son asociaciones civiles y sus actividades son de carácter civil y no mercantil, independientemente que la educación no es servicio mercantil sino civil”, comentó.
Señaló que con la NOM-237 de la Secretaría de Economía, las escuelas particulares estarían obligadas a trabajar sin cobro de colegiaturas, lo cual, se traducirá en problemas de operación y en pago a los docentes.
“Si se pone en marcha la NOM-237, se desencadenaría la quiebra de las escuelas particulares. En Puebla, hablamos de, al menos, 20 por ciento, porque actualmente están operando con dificultades en medio de la pandemia. La Secretaría de Economía proyecta que la educación deje de ser un servicio público como lo señala la Ley General de Educación. De alguna manera, quiere obligar a las instituciones particulares a que suscriban un contrato de adhesión con la secretaría de Economía, por lo que estamos en desacuerdo porque no sólo invade facultades, sino que se presenta una sobrerregulación”, destacó.
En rueda de prensa virtual, Martínez Aragón destacó que la pandemia de la covid-19 puso en riesgo a diferentes planteles educativos de carácter privado y, ahora, la posible imposición de la norma NOM 237, significaría el cierre inmediato de por lo menos 18 mil escuelas a nivel nacional.
“Las que están en mayor riesgo son las escuelas particulares más pequeñas, las que prácticamente subsisten al día y que, por lo tanto, repercutiría en un impacto social dañino a padres de familia, niños y jóvenes. Hemos sido víctimas de una pandemia que no se acaba y que nos llama a enfrentar el futuro con resiliencia, con decoro, con firmeza y con más entusiasmo”, destacó.
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