El municipio de San Miguel de Allende se ha distinguido por la venta de terrenos irregulares que provienen tanto del sector social y propiedad privada, tratándose de lotes localizados lejos de las redes de servicios públicos, de la mancha urbana que carecen de una traza autorizada por Desarrollo Urbano, y sobre todo, carecen de certeza jurídica al no contar con escritura propia, ni servicios públicos.
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El Gobierno Municipal alertó que estos terrenos son recurrentes, y que la venta de los mismos a varios clientes se concreta sin que los compradores puedan acreditar la legítima propiedad.
Es por ello que, ante el incremento en la oferta de terrenos en forma de lotes de carácter irregular, y como medida de prevención para evitar que la población sea víctima de un fraude, la Administración Municipal advirtió sobre esta práctica.
Se precisó que este tipo de venta de lotes, perjudica el patrimonio familiar de los compradores, ya que ofertan la tierra con la primicia de que contarán con los servicios básicos en un tiempo corto, lo cual no es así.
Esta práctica genera la aparición de presuntos 'líderes vecinales' o proveedores particulares, quienes ofrecen sus oficios para acercar dichos servicios con cobros periódicos y encarecidos, sin posibilidad de que después sean cubiertos por órdenes de gobierno.
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Esto pone en riesgo de fraude a quien compra, quienes reciben una constancia de posesión o, en el mejor de los casos, un contrato de compra-venta que alude a la totalidad del predio y de ahí lotes menores, a lo que la ley establece como mínimo de 1 200 metros cuadrados para cada lote fraccionado que se comercializa para uso habitacional.
Los terrenos irregulares son asentamientos no considerados para que el Municipio lleve a cabo su eventual urbanización, significando que no existen proyectos para que se construyan calles, guarniciones y banquetas o instalación de servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario y pluvial, ni redes de electrificación.
El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende, puntualizó que, la promoción de venta de terrenos sin la autorización municipal, que por ende son irregulares, constituye un delito penal que recae directamente en el propietario responsable de la venta; además se suma a otro delito por la alteración del ordenamiento territorial al comercializar terrenos ejidales o particulares de vocación agropecuaria y que son ofrecidos para uso habitacional.
Actualmente, se ofertan terrenos de reservas naturales, destinadas a su preservación ambiental y no a desarrollar vivienda popular o de otra índole; por lo que se recomienda a la población que se abstenga de comprar este tipo de terrenos, ya que prácticamente es imposible que se tenga considerada su urbanización en razón a que primero se debe regularizar el uso de suelo, proceso habitual que toma un lapso de uno a tres años y no será redituable para el comprador al estar cubriendo pagos adicionales al costo inicial.
MKHC