La Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable sancionará a 22 empresas dedicadas a la extracción de caliza, de las 34 registradas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por no presentar el estudio conforme a la Norma Ambiental Estatal correspondiente al primer tercio del año.
En un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se informó que la dependencia vigila que todas las empresas que forman parte de esta industria cumplan con las obligaciones de la Norma, publicada en diciembre de 2017.
"La normativa señala que se debe efectuar un muestreo mediante laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, AC (EMA), cuyo informe debe ser presentado ante la Secretaría.
"De las 34 pedreras registradas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dos tienen suspensión parcial, cinco suspensión total de actividades, tres han presentado estudio perimetral de partículas y dos presentaron aviso de programación de monitoreo", señala el escrito.
Se detalló que la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable procederá en consecuencia respecto aquellas empresas que incumplieron con lo establecido y aplicará las sanciones correspondientes.
Se aclara que, de acuerdo con el artículo 138, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, no se puede hacer público el nombre de las empresas por ser parte de actividades de verificación e inspección de cumplimiento de normas, y revelarla obstruye la verificación.
MILENIO Monterrey informó que pese a que la Norma Estatal Ambiental –que estuvo vigente por casi un año– obligaba a las pedreras a entregar estudios perimetrales de emisiones contaminantes cada tres meses a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (Sedesu), esta información no fue proporcionada a la autoridad.
Mediante una solicitud de información vía Transparencia presentada por el colectivo Únete Pueblo, la autoridad confirmó que dentro de sus archivos no contaban con dichos muestreos y estudios perimetrales, pese a que la norma estuvo vigente desde el 19 de octubre de 2016 hasta septiembre de 2017.
Posteriormente, al publicarse las reformas a la Ley Ambiental del Estado en septiembre de 2017 quedó derogada la Norma Estatal Ambiental, pero se incluyeron nuevas obligaciones para las pedreras, que tampoco se han concretado.