La secretaria del Medio Ambiente de Ciudad de México, Marina Robles García, aseguró que el disminuir de 150 a 100 puntos de contaminantes el Índice de la Calidad del Aire para decretar una contingencia ambiental, por orden del Poder Judicial, traería consecuencias negativas económicas y sociales para la población.
- Te recomendamos Amparo de Greenpeace deja sin efecto programa de contingencias Política
Lo anterior, luego de que el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa emitió un amparo a favor de Greenpeace, organización que solicitó la disminución del puntaje.
Explicó que en caso de que la resolución sea a favor de la organización ambientalista, las autoridades capitalinas deberán generar un protocolo especial, que generaría dificultades económicas para la capital.
“Es muy complicado bajar de 150 a 100, como lo plantea Greenpeace, en un solo momento, es decir, de golpe, en virtud de que nos coloca en una enorme complejidad como ciudad”, dijo Robles García.
“La ciudad podría vivir una situación muy complicada en su dinámica económica. En particular, porque dentro del programa Hoy No Circula los automóviles con holograma dos, prácticamente nunca podrían circular”, advirtió.
- Te recomendamos Levantan fase preventiva de contingencia ambiental en Valle de México Comunidad
De acuerdo con la secretaria, el amparo que otorgó el juez a la organización ambiental internacional, es una resolución provisional y no implica que quede desactivado el programa que ya tenemos.
“Conlleva que además tenemos que considerar, si llegamos a los 100 puntos, tomar medidas que protejan a la salud. Sería adicional a lo que tenemos”, comentó.
Consideró que la intención de Greenpeace es buena, pues plantea una aspiración a la que todo el mundo le apuesta, sin embargo, dijo que debe ser de manera progresiva, donde las restricciones a las actividades van “de a poco”, para no afectar a la población.
“El punto es que tenemos hacerlo gradualmente. Eso es el reto y la oportunidad”, resaltó.
Estimó que en el transcurso de la próxima semana habrá una resolución definitiva, de la cual dependerán las acciones que emprenda las autoridades locales, y que hasta ahora han aportado al juez toda la documentación técnica con las implicaciones económicas.
FLC