Luego de la aprobación de la reforma a la Ley General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el Senado de la República y la prórroga para su discusión en febrero en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM), Teodoro Martínez Castillo, indicó que no debe dejarse de lado el tripartismo que ha imperado en el Instituto en los últimos años, especialmente, porque los empresarios y los trabajadores cumplen con sus obligaciones y realizan las aportaciones correspondientes en tiempo y forma.
“Que bueno que se dio la prorroga para este 2025 y que a finales de enero se emita la convocatoria para que los diputados federales escuchen los planteamientos tanto de los empresarios y los sindicatos, y no decidan unilateralmente. Que se planteen las distintas propuestas en el documento de la iniciativa, sobre todo en torno a los artículos 24 y 37, que habría que analizar adecuadamente”.
Si bien las modificaciones en general benefician a los derechohabientes, el mayor inconveniente -dijo- está en la representación en la estructura del instituto, pues se reduce el número de integrantes en sus órganos de gobierno y aumentará la representación gubernamental.
“Debe haber equidad en la conformación del Consejo de Administración, la Asamblea General y la Dirección General, no debe haber sobre representación del Poder Ejecutivo y menos representación de quienes aportan los recursos”.
Si bien las autoridades federales han asegurado que el cambio en la estructura del Infonavit obedece la corrupción que impera en distintos sectores, sostuvo que deben tomarse acciones legales en contra de los responsables para erradicar las malas prácticas.
“No debe haber solo señalamientos sino acciones en contra de los responsables, es decir, que no solo sean sanciones administrativas sino penales, sin importar si fue del gobierno saliente o de las pasadas administraciones, que se conozca a los involucrados y devuelvan el dinero robado. No hacerlo solo se genera incertidumbre y no se concretan los proyectos”.
En el Estado de México -recordó- un millón 909 mil de trabajadores formales y eventuales aportan mensualmente recursos al Fondo del Instituto, mientras los patrones aportan el equivalente al 5 por ciento del salario diario integrado, que es el sueldo más prestaciones de sus trabajadores, de ahí que es indispensable que haya equidad en la toma de decisiones, especialmente, porque a nivel nacional se habla de una bolsa de 2.4 billones de pesos en activo, que son el ahorro de los trabajadores.
“Son recursos de los trabajadores y de las aportaciones de los empresarios, que en proporción es menor por el número de unidades económicas que existen en la entidad y ascienden a más de 800 mil. Al final el dinero es de los trabajadores, quienes tienen derecho de decidir dónde quieren construir su vivienda o bien cómo invertir sus recursos, que se les den las facilidades”.
Por último, Martínez Castillo calificó de positiva la generación de vivienda asequible para las nuevas generaciones, siempre y cuando se construya en zonas específicas y cercanas a las fuentes de empleo, es decir, que vivan en un lugar digno, con servicios garantizados (luz, agua y drenaje) y cercano a su fuente de trabajo, así como a los centros urbanos y de entretenimiento.
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