La mayoría de las 21 demandas que se exigieron durante la Mega Marcha Universitaria del 5 de marzo de 2020 tras el multihomicidio de cuatro jóvenes del 23 de febrero por la noche en Huejotzingo, se mantienen sin cumplirse.
A un año del asesinato de cuatro jóvenes: un estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), dos jóvenes de Colombia que estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y un operador de Uber, cuyos cuerpos aparecieron sin vida la mañana del 24 de febrero de 2020 en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, en Huejotzingo, las comunidades de las instituciones de educación superior mantienen la exigencia de justicia.
Durante las primeras horas del 24 de febrero de 2020, aparecieron sin vida y con marcas de proyectiles de armas de fuego los cuerpos de Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa, Francisco Javier Tirado Márquez y José Emmanuel Vital Castillo.
El multihomicidio generó protestas por parte de los universitarios, primero de la UAP, luego de la Upaep; de forma simultánea el Instituto Tecnológico de Puebla, la Universidad Tecnológica de Puebla; y privadas como la Universidad Iberoamericana Puebla, la Udlap, la Universidad Anáhuac Puebla.
Tras la marcha, los estudiantes entregaron al gobierno del estado un pliego con 21 demandas dividido en cinco ejes con el objetivo de que se atienda la seguridad de los estudiantes en los rubros de educación, programas y servicios, equidad de género, infraestructura, movilidad y política interna.
A un año del multihomicidio, el investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla, Miguel Calderón Chelius, explicó que la mayoría de las demandas solicitadas por los estudiantes, se mantienen sin cumplir.
“Es lamentable la capacidad de las autoridades para ofrecer respuestas contundentes que generen un clima de seguridad para la población estudiantil y para todos. La respuesta de nuestros gobiernos fue muy limitada y no han tenido la capacidad ni la sensibilidad para atender este tipo de demandas”, comentó.
Reconoció que la pandemia del covid-19 rompió los procesos que estaban encabezando los estudiantes en demanda de mayor seguridad y de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
“Se rompieron procesos que se venían dando no solo en términos de organización de las distintas comunidades. Me parece que se estaban presentando movilizaciones muy relevantes que se bifurcaron a partir de la pandemia. Hay una posposición de procesos que se venían dando y que eran relevantes y que se detuvieron por completo”, apuntó.
Para el investigador de la Ibero Puebla, las autoridades del gobierno de Puebla desperdiciaron una oportunidad para dar una respuesta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; además, las condiciones de seguridad no mejoraron y, por el contrario, están en peores condiciones; además, la posibilidad de que se registre un caso similar está latente.
En tanto, David Sánchez Sánchez, director de la Licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural y de la Maestría en Estudios Históricos de la Upaep, destacó que se requiere una lucha conjunta entre autoridades y sociedad para contrarrestar la violencia.
“Hubo protesta en cuanto a la demanda de más justicia, más seguridad. La lucha es de todos. Es desde la propia sociedad hasta las academias, los gobiernos. Muchas veces, solo se responsabiliza a un político, a una institución, pero la lucha es de todos. La unidad es la que nos sacará adelante”.
AFM