Encabezados por el Colectivo de Verificentros para Puebla, propietarios de estos espacios de servicio, que fueron cerrados durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle (RMV), solicitaron a las autoridades en funciones les consideren la reapertura.
"Creo firmemente que sería oportuna la apertura de centros de verificación vehicular concesionados a empresarios poblanos, los cuales fuimos directamente afectados, esto generaría mayor confianza en los usuarios y se incrementaría el porcentaje del parque vehicular que cumpla con esta norma mejorando la calidad del aire, además de generar empleos y recaudar recursos al gobierno del estado ya que estamos listos para iniciar operaciones en cualquier momento", aseguró el representante del colectivo, Martín Maldonado Flores.
Indicó que de los 82 concesionarios a los que se les retiró el permiso durante el periodo comprendido entre marzo a junio del 2014, 20 están en condiciones de prestar el servicio de forma inmediata, pues cuentan con equipo, espacios y el capital para efectuar las adecuaciones técnicas que les sugieran.
Recordó que en su momento llegaron a invertir un millón de pesos en el equipo que les exigieron y hasta 100 mil pesos en papelería que de un día para otro se dejó de ocupar, causando un grave daño patrimonial y un estimado de 20 personas que por cada verificentro perdió su empleo.
Señaló que tienen conocimiento que para la adquisición del equipo que se emplea actualmente se requiere un gasto de hasta 2 millones de pesos, pero estableció que en su caso sería la adaptación de los filtros y la calibración de las máquinas.
En ese punto, reprochó que mientras a ellos les hacían supervisiones cada 3 meses, a los 25 que abrieron bajo la gestión de Moreno Valle omitieron realizarles algún tipo de control.
Comentó que su cierre se dio para cumplir con un compromiso político que adquirió RMV con el grupo político del Estado de México que le apoyó y que está encabezado por Jorge Kahwagi, uno de los beneficiados con las nuevas concesiones.
Aclaró que su postura es operar en cualquier punto del estado y no precisamente en la zona conurbada de la capital, esto a pesar de que hay carencias en la atención.
Destacó que son Tepeaca, Huixcolotla y Moralillo los puntos donde más casos de extorsión se registran por parte de las autoridades de vialidad por el argumento de la verificación, "pero hemos encontrado quejas de personas que señalan que se tienen que trasladar tres o cuatro horas o pernoctar en otros municipios para poder efectuar la verificación, lo que se evitaría con un mayor número de centros de servicio", concluyó.
ARP