Al menos, cuatro de cada cinco integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (Lgbtttiq+) fueron víctimas de burlas luego de que dieron a conocer su identidad o sexualidad; y siete de cada 10 considera que sus derechos son vulnerados.
De acuerdo con el informe “La situación de los derechos humanos de las personas Lgbtttiq+ en el estado de Puebla 2015-2021” realizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en el estado y, en general, en el país, se presentan desafíos para lograr el pleno reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual.
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En general, nueve de cada 10 personas pertenecientes a la comunidad Lgbtttiq+ decidió esconder su identidad o sexualidad por miedo a ser señaladas u hostigadas, situación que devela el panorama violento, discriminatorio y complejo en que subsiste este sector.
Alfredo Castillo Romero, director general del Medio Universitario de la Casa de Estudios, de la Universidad Iberoamericana Puebla, resaltó la importancia de exponer las deficiencias del Estado para brindar seguridad y atención a la comunidad.
“A esto se suma la poca documentación que existe sobre la realidad de este sector, que limita de manera política y sustancial el acceso a una vida digna”, comentó.
Por su parte, Ana Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, lamentó las graves omisiones identificadas como la falta de denuncias y estadísticas oficiales o la invisibilidad de la violencia ejercida contra ciertos grupos del espectro Lgbtttiq+.
“Existe una violencia simbólica, física, emocional y psicológica que trasciende e impacta de manera importante no solamente en el estado mental, sino también en el desarrollo de su vida”, explicó Gamboa Muñoz.
A pesar de que el informe reconoce los avances legislativos que se han dado para el reconocimiento y defensa de este sector, aún existen alertas importantes en el accionar de las autoridades.
En la actualidad se presenta una discordancia entre los datos registrados por las instituciones que atienden las denuncias. Entre 2017 y 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 17 homicidios de personas Lgbtttiq+, mientras que su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Comunidad, tan solo registró un asesinato.
A esto se suman las estrategias ambiguas de las autoridades para hacer frente a esta problemática. A través de solicitudes de información y en informes de acciones públicas, las secretarías de Gobierno, Salud, Educación Pública, y Seguridad, así como el Sistema Estatal DIF, reportaron acciones de difusión y sensibilización, pero no esclarecieron cómo las llevan a cabo o si han sido de utilidad para la atención de la comunidad.
AAC