La inflación histórica de 8.7 por ciento ha provocado estragos muy fuertes en la mayoría de los insumos del campo como el fertilizante y los combustibles, que sumados al cobro de 'derecho de piso' por parte de la delincuencia organizada han puesto 'en jaque' a los productores mexiquenses, principalmente en la zona sur, donde productos como el pollo, huevo, el aguacate o el limón han subido hasta 12 por ciento.
De acuerdo con Eduardo Reyes Escamilla, integrante de la Comisión Agropecuaria del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), el conflicto no solo es para los productores sino para el consumidor final que es quien paga y ve mermado su salario. “Si anteriormente una familia que vive en la zona rural compraba carne cada 15 días, ahora espera más tiempo para comprarla o simplemente ha dejado de hacerlo porque no les alcanza”.
Si bien algunos pobladores han optado por surtir su despensa en algunos municipios del Valle de Toluca para aminorar costos, es cierto que la mayoría no tiene las posibilidades económicas de salir por lo caro del pasaje o la gasolina y no tienen otra opción que seguir comprando en su lugar de origen.
Está situación -expresó- no es nueva en los municipios del sur mexiquense, por el contrario, tiene mucho tiempo y no se había denunciado, “lamentablemente hemos normalizado este delito”.
Alza en agroquímicos impide siembras
Mencionó que el alza de los agroquímicos está haciendo que mucha gente este abandonando la producción de maíz y siga consumiéndose maíz traído de Sudáfrica y Chicago en Estados Unidos, que es conocido como el granero del mundo.
La mayoría de los jornaleros y productores agropecuarios -recordó- son adultos mayores y es muy complicado que prueben con otro tipo de cultivo, lo que hacen que la final abandonen o dejen de sembrar sus tierras. Aunado a que las nuevas generaciones no quieran trabajar el campo y migran a las ciudades a trabajar en el comercio y los servicios o bien a estudiar carreras alejadas del sector como contaduría o derecho. “Pese a heredadas tierras prefieren abandonarlas y dejar de sembrar”.
Hoy el diésel para los tractores -dijo- se vende en 23.39 pesos el litro en la mayoría de las estaciones de servicio y la gasolina magna para el traslado de mercancía en 21.86, lo cual a su vez ha hecho que algunos agroquímicos suban su valor hasta 50 por ciento, afectando a los productores de maíz, trigo, triricales, papa, zanahoria y haba, principalmente, porque la producción es menor rentable o costeable.
Finalmente Reyes Escamilla destacó que el costo del salario de los jornaleros se ha duplicado, pues trabajan por 250 pesos diarios como mínimo, más el pago de alimentos y bebidas.
Delincuentes hacen rehenes a negocios
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la zona sur existe una ‘economía o contabilidad paralela’ que representa 12 por ciento en el precio del huevo, el aguacate y pollo donde los delincuentes le dicen a los ciudadanos dónde deben comprar, aunado a que actividades como el parapente en Valle de Bravo cada vez que despega debe pagar cierta cantidad.
“Los negocios son rehenes, el metro de hectárea de riego vale un peso, sino se paga el transporte o el material en los centros de distribución de ellos se llevan o levantan al maestro de obras y los trabajadores. También están haciendo un censo de familias migrantes porque ya les quieren cobrar”, ha referido el Fiscal José Luis Cervantes Martínez.
Los panaderos, por ejemplo, deben comprar la manteca y el aceite vegetal en el mismo lugar pues de no hacerlo se meten en problemas. Aunque también hay comerciantes que se dicen rehenes de la delincuencia para subir los precios.
Por ello buscan modificar el artículo 199 del Código Penal del Estado de México para sancionar el acaparamiento, la subida de precios sin motivo alguno, la extorsión en el mercado, el direccionamiento de las actividades comerciales en ciertos lugares o monopolios, a través de un dictamen técnico de la Secretaría de Economía.
La iniciativa se presentó hace un mes en la Legislación Permanentes y la entidad será la primera en la república en generar un instrumento que permita hacer frente a la extorsión a los negocios, impone penas de cinco a seis años y seis a 15 años cuando se ostenten de una organización criminal o lleguen dos o más personas.
KVS