Debido a la subsistencia del riesgo máximo de contagios por covid-19, y una vez que las autoridades sanitarias han decidido mantener lo que resta del mes el semáforo epidemiológico estatal en color rojo, el Poder Judicial determinó aplicar medidas urgentes que obligan a reprogramar algunas actividades.
Por ello, los juzgados civiles del sistema anterior, así como los nuevos de oralidad familiar, oralidad mercantil, así como los juzgados menores deberán suspender la realización de audiencias presenciales y demás diligencias hasta el día 5 febrero próximo.
Asimismo, instruyó a los jueces a efecto de que reprogramen de las audiencias suspendidas a partir del 8 de febrero, según la disponibilidad de fechas.
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Solamente se atenderán aquellas que se consideren de urgente resolución para no afectar los derechos de familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes, en particular los que tengan que ver con asuntos como separación provisional de cónyuges, custodia de menores, protección a mujeres víctimas de violencia, o relativas a alimentos, entre otros.
Se pone especial énfasis en el apego estricto a los filtros y recomendaciones sanitarias, la constante desinfección de las áreas administrativas, ventilación en las salas de audiencias presenciales, establecimiento de recesos para higienización en las audiencias que superen las 5 horas de duración, el privilegio de las audiencias a distancia por medios informáticos, y disminuir al máximo la afluencia de público en general y trabajadores por medio de estrategias de trabajo en casa.
Trabajadores en resguardo
Asimismo, se asegura el cabal cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Gobierno Federal para la protección de personas que pertenecen a grupos vulnerables por padecer una o más comorbilidades que pudieran poner en riesgo su vida o desarrollar una afección más grave o complicaciones en caso de contraer el covid-19.
Para disfrutar de los beneficios de protección, el acuerdo indica que bastará a que se acredite el grado de vulnerabilidad de los servidores públicos, el cual podrá ser precisado, evaluado o actualizado mediante el documento derivado de la consulta médica otorgada por el ISSSTE o por consulta privada de profesional de la salud debidamente autorizado para el ejercicio de su profesión.
“Ante estas nuevas y graves circunstancias que impone la pandemia que se vive a nivel mundial, se debe privilegiar el trabajo a distancia. Por lo tanto, el personal vulnerable que se encuentre exento de presentarse a laborar deberá hacerlo desde casa”, se lee en el documento.
El Poder Judicial acotó que únicamente deberá presentarse a laborar el personal esencial “sin rebasar más del 50% del total de los servidores públicos adscritos a la unidad jurisdiccional o administrativa, debiendo asistir de manera alternada, atendiendo al esquema de trabajo y las necesidades del servicio”.