En lo que va del 2023 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato ha recibido o iniciado de oficio de 11 carpetas de investigación derivadas de denuncias por tala de árboles y deforestación.
La lista se encuentra liderada por el municipio de San Felipe donde se acumulan 3 denuncias, el resto corresponden a Cortazar, Doctor Mora, Huanimaro, Salamanca, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Silao y León, con un caso respectivamente.
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"Le hemos dado seguimiento a las demandas denuncias y quejas que nos llegan, recordando que en el tema forestal nosotros cooperamos y cuando vamos para darle seguimiento a cualquier delito Ambiental que se cometa, pero siendo una responsabilidad de sancionar de el gobierno federal. Nosotros lo que hacemos es investigar y turnamos al gobierno federal ya sea a través de la PROFEPA o SEMARNAT", explicó Gerardo Morales Moncada, Procurador Ambiental de la Entidad.
En este último, en la ciudad de León, la denuncia corresponde a la tala de los 63 árboles que tuvo lugar en el Malecón del Río, motivo por el cual la Procuraduría inclusive inició una investigación de oficio y de encontrarse dolo en los actos, servidores públicos responsables podrían ser sancionados por la Federación.
Las denuncias por deforestación o tala inmoderada de árboles, inclusive sin permiso, no son las únicas, pues en la Procuraduría también se reciben por la contaminación auditiva, el manejo de residuos sólidos, entre otras.
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"Tenemos un promedio de mil 700 a 2 mil denuncias por año, todas en diferentes temas de los cuales se les da el seguimiento. Son Al rededor del 60 por ciento de los casos y expedientes los que tenemos con seguimiento y con todos los procedimientos que lleva posteriormente cualquier queja, denuncia o demanda que se inicie ante la Procuraduría”, agregó el procurador ambiental.
De acuerdo a lo establecido en la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en sus artículos del 182 al 185, dentro del capítulo quinto de la Denuncia Popular, se señala toda persona física o moral puede denunciar ante la dependencia o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales.