Busca el diputado del Congreso de Tamaulipas, Marco Gallegos que sea obligatorio denunciar casos maltrato físico, sexual, psicológico, emocional, económico, material, falta de atención y abandono de los adultos mayores.
De acuerdo al Inegi en Tamaulipas viven 427 mil 227 adultos mayores de 60 años, de ellos 2 mil 287 están entre los 95 y 99 años, 353 de 100 años o más y la mayor cantidad de personas adultas es de 139 mil 900 con edades que van de los 60 a los 64 años.
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Por lo que propuso en el pleno, que quienes conozcan casos de adulto mayor en situación de riesgo, lo denuncien ante la Procuraduría del Adulto Mayor y las instituciones les brinden protección.
Esto por medio de la iniciativa de reformas a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tamaulipas.
La iniciativa tiene como finalidad establecer como obligatorio denunciar los casos cuando exista maltrato, vejación y todo tipo de abuso contra los adultos mayores.
Destacó que se han recibido diversas quejas de que existen instituciones que a pesar de tener la obligación de brindarles la atención urgente que requieren, se niegan a hacerlo, con la excusa de que se requiere la presencia de un familiar.
“Por supuesto, se redunda en una violación grave a sus derechos humanos, por lo que esta situación también se atiende con la presente iniciativa de ley”, explicó.
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El problema más común que padecen los adultos mayores es el deterioro psíquico, con la aparición del Alzheimer y otras enfermedades mentales degenerativas.
“Puede que mantengan sus capacidades psíquicas, pero se ven afectados por problemas de movilidad, producidas por artrosis, reuma u otros padecimientos”, afirmó.
Por ello, el Estado debe implementar políticas públicas y acciones afirmativas, con el objeto de apoyar de manera integral a las personas adultas mayores y que éstas se sientan importantes, tanto para la sociedad como en el entorno familiar.
El Decreto número 335 del 28 de noviembre del 2001, establece que toda persona que tenga conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentre en situación de riesgo o desamparo, “podrá” pedir la intervención de las autoridades competentes, por lo que ahora proponemos que sea una acción obligatoria, concluyó
SJHN