En Tamaulipas, 40.4% de la población total de personas mayores de 18 años de edad, no estaría de acuerdo con rentarle un cuarto de su casa a una persona extranjera, siendo considerada una actitud de xenofobia señala el Inegi.
A través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), se expuso que las personas nacidas en el extranjero son las menos aceptadas como huéspedes de las viviendas, lo que refleja diversos prejuicios.
A nivel nacional, 39.1 por ciento de la población no le rentaría una habitación de su casa a un extranjero, 38.6% a jóvenes, 36.4% a personas trans, 35.9% a gente que vive con Vih/Sida y 32.3% a personas gay o lesbianas.
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A nivel estatal es un 40.4% de los habitantes quienes no tendrían extranjeros como huéspedes. En todos los casos, los hombres muestran un mayor rechazo que las mujeres.
Mientras que en entidades como Veracruz, Tabasco y Yucatán existe una mayor discriminación, con porcentajes que superan 47 por ciento; en Baja California, la Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa, el porcentaje de rechazo es menor a 33 por ciento.
La discriminación es todo acto u omisión que provoque distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado obstaculizar los derechos de las personas por motivos de raza, origen étnico o apariencia física.
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“La discriminación no se restringe a las prácticas individuales, ya que tiene profundas raíces en un orden social e histórico que trasciende las conductas aisladas de las personas”, dijo el psicólogo Ricardo Flores.
Agregó que la discriminación tiene consecuencias colectivas que van mucho más allá de las relaciones interpersonales, entre ellas la privación en el disfrute de los derechos y la reproducción de la desigualdad social.
Desde que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 2001, su primer artículo prohíbe explícitamente cualquier forma de discriminación. Lo mismo señala la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en 2003.
La implicación de ambos ordenamientos es clara: todas las autoridades están obligadas, en el ámbito de su competencia, a formar parte de la lucha por alcanzar la igualdad. En ese sentido, se debe erradicar aquellas barreras injustificadas que entorpecen el pleno ejercicio de los derechos humanos y que tienden a afectar desproporcionadamente a la mayoría de la población conformada por grupos históricamente excluidos.
SJHN