Mientras en los primeros dos años de la pandemia la violencia familiar generó 14 mil 351 denuncias en Tamaulipas, el Poder Judicial produjo en el mismo periodo de tiempo 27 sentencias condenatorias contra personas que cometieron ese delito.
En 2020, año del confinamiento por la irrupción del covid-19, se abrieron en la entidad 6 mil 467 carpetas de investigación por agresiones al interior de los hogares, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
En 2021, bajo el contexto de la nueva normalidad, más víctimas de este delito acudieron a las unidades generales de investigación a formalizar la acusación contra sus agresores y el Ministerio Público adscrito acumuló 7 mil 884 denuncias.
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Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo, las sentencias condenatorias derivadas de procesos judiciales por violencia doméstica no marcharon con el mismo ritmo, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2020, el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas emitió apenas diez sentencias condenatorias por este ilícito y 17 al año siguiente, sumando un total de 27 resoluciones que confirmaron la responsabilidad penal de las personas acusadas, en su mayoría hombres.
Entre ambos años, quince sentencias corresponden todavía al sistema tradicional de justicia, seis al oral abreviado y seis más al sistema oral en juicio.
Así lo desglosó Alejandro Suárez Hernández, coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadístico del órgano judicial, en un informe enviado a María Teresa Macip Valeria, jefa de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial de Tamaulipas.
También condenan a mujeres
En otra solicitud de información derivada del mismo tema, se explica que del 1 de marzo de 2020 al 26 de abril de 2022, se emitieron 34 sentencias condenatorias, de las que tres corresponden a Altamira, seis a Ciudad Madero, tres al Mante, cuatro a Matamoros, dos a Nuevo Laredo, tres a Reynosa, uno a Río Bravo, uno a San Fernando y once a Ciudad Victoria.
En esta segunda respuesta de información pública, se destaca que entre las personas sentenciadas hubo cinco mujeres, y doce de las víctimas fueron hombres, sin que se especifique qué rol jugaban estos últimos en la familia.
Hay un subregistro
Especialistas en derecho penal, sostienen que la violencia familiar es uno de los delitos que más se denuncian debido a su alta incidencia, pero aún así existe un subregistro, pues muchas víctimas se quedan calladas.
Esa falta de denuncia se acentuó durante el inicio de la pandemia, pues se dispararon los episodios de agresiones en el hogar, pero fue más complicado que nunca asentar la acusación formal en las unidades de investigación.
“Por un lado, la mayoría de las víctimas no tienen la voluntad de denunciar a sus agresores y además las restricciones sanitarias vinieron a complicar ese proceso”, expuso la abogada Gabriela Ibarra Lozano, exprocuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Altamira.
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La coordinadora de Casa Violeta en Tampico, Aracely Rodríguez Céspedes, ha señalado que la violencia familiar aumenta cuando se agudizan los problemas económicos, como ocurre ahora con la inflación.
Por si fuera poco, de acuerdo con el psicólogo Ricardo Flores, las altas temperaturas son también un factor que incide en esa violencia, pues la gente anda más irritable y con ansiedad.
Dijo que las personas se vuelven más agresivas y deben buscar ayuda profesional pero para muchos es un servicio que está lejos de su alcance por la falta de recursos económicos.
“Esta temporada del año, donde las altas temperaturas están presentes, siempre ha sido un foco rojo para la violencia doméstica, que ahora se agrava porque recordemos que la pandemia trajo muchos problemas de salud mental y emocional entre la población”, apuntó.
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Cómo se castiga el delito
El Código Penal de Tamaulipas refiere que comete el delito de violencia familiar quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual contra cualquier otro miembro de la familia con el que se encuentre o haya estado unido por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o que mantenga o haya mantenido una relación de hecho dentro o fuera del domicilio familiar.
A quien cometa este delito se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia.
Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y de igual manera, estará obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas.
SJHN