Tampiqueña y promotora deportiva denuncia haber pasado más de dos años en la cárcel injustamente en Tabasco, acusada de un delito que no cometió y contra una persona que no existe. Hoy busca limpiar su nombre y que se le reconozca su inocencia.
María Esther Ramos Reyes afirma que fue víctima de un acto de corrupción por parte de la Fiscalía de Justicia de aquel estado, en donde servidores públicos se habrían confabulado con una empresa para exigirle dinero a cambio de ponerla en libertad.
Ella tenía en Tampico una escuela de canotaje e integraba a niños de escasos recursos para que aprendieran a practicar este deporte. Su vida dio un vuelco inesperado cuando, creyendo haber sido víctima de un secuestro, amaneció en una prisión acusada de una extorsión con arma.
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Dejó la cárcel el 3 de febrero de este año, pero su lucha no terminó ahí, pues nada borra la pesadilla que vivió a partir de aquel 18 de octubre de 2019, cuando unos hombres la privaron de su libertad afuera de su domicilio en la colonia Águila de Tampico.
Bajo una prisión preventiva oficiosa, la también propietaria de una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Pemex permaneció en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, pese a tener muchas pruebas de su inocencia.
“Es tiempo que jamás en la vida voy a recuperar, me perdí la evolución de mi hija de niña a señorita y el nacimiento de mi nieta, es muy doloroso. Quiero limpiar mi nombre”.
Ella cuenta que la acusaron de extorsión agravada contra una víctima inexistente, un “Luis Fernando Andrade González” cuya acta de nacimiento no se encontró en el registro civil como tampoco su inscripción al registro federal de electores y que además, jamás se presentó a una audiencia.
“Su abogado presentó una credencial de elector que vencía en 2009 y se determinó que era falsa, no hay datos de él en ningún lado y los dos testigos de la supuesta extorsión dijeron no conocerme, ni haber declarado en mi contra, además sus firmas no coincidían según un dictamen pericial”.
Los presuntos testigos tampoco conocían a la supuesta víctima ni trabajaban para él, señala María Esther y expone que el abogado que la acusaba, también es parte del cuerpo jurídico en el litigio que la contratista de Pemex, de nombre Conjunto de Servicios Industriales lleva en contra de ella, por un segundo supuesto delito, este por presunta retención indebida de dos bombas de inyección.
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Dicha compañía demandó a la empresa de su propiedad, Bombas y Sistemas Dinámicos S.A. de C.V. alegando que se había llevados dos bombas de Pemex para mantenimiento y no las había devuelto, pero María Esther comenta que nunca las retuvo y Pemex testificó que jamás salieron de sus instalaciones, pese a ello le dictaron prisión preventiva oficiosa, por el delito de “retención indebida”, que además no ameritaba imponerla.
Subraya que Conjunto de Servicios Industriales mantenía un millonario adeudo con su empresa, y el mismo abogado de aquella, Raúl N, planeó todo para meterla a la cárcel y obtener dinero a cambio de su libertad. Dicha persona, le exigía 25 millones de pesos en un plazo de tres meses.
El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa penal por extorsión, pero aún así continuó en prisión y ahora enfrenta en libertad su proceso por retención indebida. Ella cerró su empresa y permanecerá en Tabasco.
Confía en una resolución favorable y busca que quienes le hicieron daño sean alcanzados por el brazo de la justicia. Un coordinador de fiscales Desiderio N, un policía de investigación Mario N y el abogado de la supuesta víctima Raúl N ya se encuentran bajo proceso por imputaciones falsas y simulación de pruebas.
SJHN