El almacén de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) de la empresa Servicios Profesionales Ecológicos (Spesa) en Cuautinchán, Puebla, ya había sido denunciado en dos ocasiones anteriores por pobladores locales ante la contaminación que generaba.
Previo a la queja más reciente que vecinos de San Baltazar Torija, provocó la clausura de Spesa el pasado 18 de mayo por elementos de la Guardia Nacional (GN), tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya habían sido alertadas de esta situación.
Así lo mostraron en sus redes sociales los medios locales Puebla Roja y Televisa Puebla el pasado 25 de octubre de 2018 y el 7 de marzo de 2019, respectivamente, donde al igual que en el recorrido que MILENIO PUEBLA hizo esta semana por el lugar, se perciben aglomeraciones de basura contenidas en bolsos rojos, restos de sangre y acusan olores fétidos.
Aunque el Centro de Integración Ciudadana (CIC) Puebla solicitó la intervención del Ayuntamiento de Puebla, éste respondió vía Twitter que no era posible, pues aunque la zona está en los límites con San Francisco Totimehuacán, está fuera de su territorio.
El miércoles, Genaro Lozano, quien se presentó ante medios de comunicación como representante de Spesa, aseguró que la empresa será "responsable" en la manera de deshacerse de los residuos que acumuló en su almacén, pese a que contiguo a éste, había al menos cuatro domicilios, algunos ya deshabitados por el foco de contaminación en la zona.
Aunque Lozano comentó que los residuos serán trasladados a la Ciudad de México para su incineración en un plazo no mayor a 6 semanas por acuerdo con la Profepa, la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el estado de Puebla establece que éste debe ser aprobado en primera instancia por el Ayuntamiento de Cuautinchán y por el gobierno del estado.
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