Para evitar que funcionarios públicos sancionados por faltas administrativas graves o inhabiltados, puedan ocupar cargos, la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA), se comprometió a que este 15 de diciembre estará enviando la información correspondiente al Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para que este a su vez pueda publicarla en la plataforma "Sistema: 3. Sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados" que lanzó hace meses.
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Así lo explicó en entrevista, el Secretario Técnico del Sistema; Erick Ramírez Serafín, quien precisó que no obstante, aún se encuentran dentro del plazo de los 30 días hábiles que se les dio para hacerlo. En cuanto al Consejo del Poder Judicial, que es el otro sujeto obligado de dicha información, este ya reporto que no cuenta con funcionarios públicos en ese supuesto.
"Estamos todavía en tiempo para que las autoridades brinden información, dos autoridades son las que nos proveen estos insumos; Uno es el Consejo del Poder Judicial que es el que sanciona las faltas graves de sus funcionarios y ya nos respondió que a la fecha no tienen funcionarios sancionados por faltas graves, el otro proveedor de esa información es el Tribunal de Justicia Administrativa vía sala especializada, que es quien sanciona funcionarios por faltas graves y también a particulares. Nos encontramos esperando la información por parte de esta sala especializada y esta semana el día de hoy de la información de los particulares y de los particulares públicos sancionados por faltas graves", explicó.
Tras su entrada en vigor el pasado 14 de noviembre, se aprobó que fueran 30 días hábiles para que los sujetos obligados proporcionaran la información, por lo cual ya están corriendo los tiempos para que los proporcionen al Sistema Estatal Anticorrupción y este a su vez los cargue en la plataforma.
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Fue el pasado 27 de octubre cuando en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción presentó el sistema 3 de la plataforma digital estatal denominada Inteligencia Colectiva vs Corrupción, una poderosa herramienta para evitar la contratación de personas sancionadas por actos ilícitos.
Se trata de un registro a nivel local y nacional de servidores públicos sancionados por faltas administrativas graves, inhibiendo con ello que puedan llegar a ser contratados dentro de la Administración Pública y su entrada en vigor fue el 14 de noviembre del presente.