Colectivas feministas exigieron a las autoridades que se inicien los procedimientos correspondientes para la destitución del presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, y el director de Padrón y Licencia Municipal, Efraín Martínez íñiguez, señalados por hostigamiento sexual y violencia sexual contra Diana, trabajadora del ayuntamiento.
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Asimismo, piden que no se les permita ocupar en el futuro ningún cargo de elección popular ni en la administración pública. Exigimos al gobernador Enrique Alfaro una investigación puntual del accionar de la fiscalía del Estado, particularmente de la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y de la agencia del Ministerio Público de Tototlán, en donde se encuentra la carpeta de investigación, instó Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
La activista señaló que se expusó y revictimizó a Diana, luego de que se filtraran los audios donde se escucha al alcalde haciéndole comentarios machistas y sexuales en un intento de persuadirla de que perdonara al funcionario Efraín Martínez, quien la acosó.
Ramos Ponce agregó que desde marzo del 2020, la víctima presentó en su carpeta de investigación ante la Fiscalía los audios, al igual que en su queja ante las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ocotlán, por lo que la filtración de las pruebas salió de alguna de las dos dependencias y exigen sancionar a quien resulte responsable.
“Desde el año pasado, funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión de Derechos humanos escucharon los audios y eso no significó para ellos nada como parar esa violencia, y no solo eso, si no que extraen esas pruebas para darlas a conocer públicamente en un medio de comunicación”.
Solicitaron a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) que investigue el accionar del personal que recibió la comunicación de las medidas cautelares por parte de la CEDHJ dirigida a la Dirección de Acceso a las Mujeres a la Justicia, en donde se le solicitaba información de la víctima.
“Demandamos que la Secretaria de Igualdad Sustantiva investigue el retraso en la atención a la víctima una vez que los hechos fueron conocidos públicamente y que según por la víctima, solo recibió una llamada a las 9:30 de la mañana del viernes por parte de Malena García [subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias del SISEMH], para informarle que le brindarían acompañamiento, asesoramiento y protección y que le harían llegar un dispositivo electrónico para que se sintiera segura, sin embargo, solo recibió la visita de un elemento de la policía estatal quién le proporcionó su número telefónico por si lo llegaba a necesitar”, narró Ramos Ponce.
Finalmente pidieron que garanticen a la víctima su seguridad e integridad, así como una reparación del daño integral que incluya el pago de los sueldos que dejó de percibir al solicitar licencia sin goce de sueldo a fin de evitar seguir siendo ascosada.
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Tras la difusión de este caso, la coordinadora de Cladem comentó que directamente la han buscado otras mujeres que también trabajaron en el ayuntamiento y fueron víctimas de algún acto de violencia.
También exigen juicio político
Las Paritaristas, grupo conformado por mujeres de distintos partidos políticos, pidieron que se inicie un juicio político en contra de Sergio Quezada y Efraín Martínez Íñiguez por hostigamiento sexual. El colectivo entregó una solicitud al Congreso del Estado para que se comience el procedimiento.
Mara Robles Villaseñor, presidenta de la mesa directiva del legislativo, mencionó que ya se realizaron diferentes exhortos para que se actúe con todo el peso de la ley.
"Nosotros compartimos la indignación, el repudio, la condena, ante este terrible acto de violencia, porque ese tipo de violencia es la que le ocurre a las mujeres todos los días", expresó.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco también reprobó los actos de acoso y hostigamiento por parte del alcalde y exigió a las autoridades que ningún caso de violencia de género quede impune.
JMH