Los tamaulipecos consideran a los agentes viales como los elementos más corruptos dentro de las corporaciones de seguridad locales, estatales y federales. Según el Inegi, son la autoridad en quien menos confían.
Así lo refleja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) en su última edición del mes de septiembre, donde señala que el 69.5% de la población de 18 años y más en Tamaulipas, considera que la policía de tránsito es corrupta.
Es decir, prácticamente siete de cada diez ciudadanos mayores de edad que habitan en la entidad perciben a los agentes viales como corruptos, aunque el promedio está por debajo de la media nacional, que es de 73.9%.
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Y mientras encabezan la lista en percepción de corrupción, están al final en cuanto al nivel de confianza ciudadana, con apenas un 44.8%, que es también menor al promedio nacional calculado en un 47%.
En percepción de corrupción, después de los elementos viales está la policía estatal (53.7%), seguida por jueces (53.0%), ministerios públicos y fiscales (48.3%), policía de investigación 46.7%, FGR 43.5%, Guardia Nacional (25.8%), Ejército (23.2%) y Marina (17.7%).
Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate.
En México, la relevancia del combate a la corrupción se refleja en el artículo 113 de la Constitución, que atribuye al Sistema Nacional Anticorrupción la responsabilidad de coordinar las acciones de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.
Además, México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para fortalecer los marcos jurídicos nacionales. La Convención insta a las naciones a recopilar, intercambiar y analizar información estadística para conocer la situación de corrupción que prevalece en sus territorios y compartir las mejores prácticas en la atención del problema.
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yc