Los gobiernos de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Alejandro Armenta Mier volverán a hacer equipo una vez más, ahora para elaborar un estudio técnico con el que se definirá si hay o no un nuevo aumento a la tarifa del transporte público.
Javier Aquino Limón, titular de Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, reveló que la propuesta será presentada ante concesionarios y conductores del transporte público que operan en la capital y la zona metropolitana, mismos que este martes 12 de noviembre se congregaron en Casa Aguayo.
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El funcionario indicó que este modelo será elaborado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), actualmente a cargo de Omar Álvarez Arronte, pero también contará con la participación de la próxima titular en el gobierno armentista, Silvia Tanús Osorio.
"Se va a exponer la mecánica de lo que implica un estudio técnico [...] No solo es la tarifa, son varios elementos más que irán acompañados del mismo. Diremos que en conjunto (se busca) la mejora del sistema de transporte colectivo en la zona metropolitana del estado de Puebla", comentó en entrevista.
Aquino detalló que el tiempo de elaboración del estudio técnico llevará varias semanas, comenzando en el gobierno de Sergio Céspedes y finalizando en el de Alejandro Armenta, para luego valorar qué se necesita para mejorar el transporte público en la zona metropolitana de Puebla.
"Eso es lo que nos van a explicar hoy (martes), el tiempo que les llevaría hacer el estudio para que todo mundo esté consciente y después del estudio entraría una etapa de valoración porque también se tienen que escuchar otras expresiones, la sociedad civil por supuesto también tiene que mostrar su punto de vista", dijo.
Fue a finales de septiembre cuando el sector transportista de Puebla comenzó a presionar al gobierno estatal, con bloqueos y manifestaciones, para que autorice que las rutas de la capital y municipios conurbados cobren hasta 19 pesos por pasajero y viaje.
Las pretensiones generaron el rechazo de la sociedad ya que la tarifa actual es de 8.50 pesos, misma que se aprobó a finales de 2019 con la promesa de que las unidades de transporte serían modernizadas, equipadas con sistemas de videovigilancia y con seguros vigentes, lo que en la mayoría de los casos no ocurrió.
CHM