El 25 de abril de 2008 fue un día que quedará grabado en la vida de Linda Baturoni. Durante 12 años trabajó como ejecutiva bancaria en un conocido banco, y ese día fue detenida por la policía en la vía pública por un fraude que no cometió.
Además de su labor en la institución bancaria, tenía la responsabilidad de atender a una familia de 10 hermanos, el mayor de ellos le pedía vía telefónica, con cierta frecuencia, hacer traspasos de una cuenta a otra.
Sin embargo, su cliente dispuso del dinero de los hermanos para resolver problemas personales, y ante la presión familiar negó haber dado indicaciones a la ejecutiva bancaria para hacer las trasferencias, por lo que fue señalada y condenada a prisión.
Sus tres hijos, entre ellos un bebé de 11 meses de edad, quedaron a cargo de su esposo, quien se vio obligado a mudarse con su madre para que lo ayudara con la crianza de los niños.
Durante el tiempo que Linda estuvo recluida, su padre perdió la vida, y no pudo despedirse de él. A sus niños y a su esposo los veía poco, y sentía que cada vez más se alejaban de ella emocionalmente.
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Linda perdió casi una década tras las rejas. No pudo llevar una vida normal, convivir con sus hijos y su esposo, verlos crecer, acompañarlos a la escuela, celebrar cumpleaños, navidades, aniversarios, todo por un delito que no cometió.
A pesar de que su esposo, quien es abogado, la apoyó, los representantes del banco se encargaron de introducir varias demandas para impedir su liberación.
La institución bancaria interpuso nueve procesos en su contra y cuando se dictaba una resolución a su favor ya había una nueva acusación promovida por el banco, por lo que no podía salir de la prisión.
Después de varias investigaciones, finalmente el 23 de febrero de 2016 salió exonerada e intenta rehacer su vida familiar.
Al volver al hogar, su experiencia la afectó emocionalmente, y no lograba recuperar la relación con sus hijos, quienes casi no la reconocen.
Encontrar empleo en Guadalajara resultó todo un reto para Linda, aunque fue exonerada de los cargos, además que la relación con su familia política se volvió tensa, al considerada ahora como una expresidiaria.
Aconsejada por sus abogados, demandó por diez millones de pesos al banco por daño moral, pero la difícil situación familiar y económica, así como la falta de oportunidades laborales, la llevaron a aceptar la invitación de un hermano de irse a vivir a León, Guanajuato, a probar suerte.
Tras varios intentos y entregar solicitudes en diversas empresas, finalmente fue aceptada en otra institución bancaria, al cual entregó toda la documentación correspondiente, incluida la carta de no antecedentes penales, pues al resolverse la exoneración se elimina el expediente de los cargos.
Luego de un mes y medio trabajando, el responsable del banco le manda llamar para que responda sobre las notas periodísticas en las que aparece la información sobre el caso por el que fue aprehendida y finalmente es despedida, a pesar de que ella demostró que no hay cargos en su contra.
Este episodio, que aparentemente había quedado en el pasado, todavía no termina.
Linda considera que se han violentado sus derechos más elementales, al impedirle laboral de manera honrada.
Además de destruir su vida familiar, ser acusada y recluida por un delito que no cometió, ahora debe enfrentar la falta de oportunidades para su desarrollo profesional.
Durante el proceso se violaron sus derechos humanos, pues se difundieron su fotografía, nombre completo y otros datos personales. Ante este panorama, Linda interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; además de que continúa la demanda penal por daños y prejuicios.
Ahora, solamente falta que las autoridades trabajen y se haga justicia a una mujer que pagó por un delito que no cometió, pueda cerrar este capítulo, y trabaje en recuperar su vida personal, familiar y profesional.
Con información de Alicia Yolanda Reyes
GPE