La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles implicará la compra-venta de predios “directamente con cada uno de los ejidatarios” y su expropiación solo se efectuará con aquellos que se muestren renuentes a la venta.
Se afirmó que la instrucción presidencial es llevar a cabo la compra-venta de tierra mediante un proceso de negociación, señaló, a nombre de la Secretaria de la Defensa Nacional, Jesús Cándido Abreu Callejas.
Precisó que si después de una negociación "de un precio justo y correcto" no se acepta "solo bajo este esquema se adoptará el proceso de expropiación para el beneficio del proyecto”.
Durante la reunión informativa, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente, se informó que se requieren de mil 284 hectáreas que servirán para amortiguamiento, seguridad e impacto acústico.
El dinero que se pagará por los predios se verá de forma particular y no se quiso dar precios públicos al respecto. Aunque se supo que en algunos puntos se está pagando a 240 pesos el metro cuadrado.
El dicho de que puede haber expropiación de tierra no cayó nada bien entre los asistentes. Por ejemplo, Benjamín Galindo, del municipio de Tecámac, señaló "eso demuestra el abuso de poder: si no acepta uno las condiciones de ellos de todos modos lo van a hacer. No concuerda con lo que nuestro Presidente ha expuesto y que se comprometió a respetar a las comunidades indígenas”.
Los terrenos que se prevé comprar son hoy zonas agrícolas de temporal de los municipios de Zumpango, Tecámac y Nextlalpan, principalmente.
En total el proyecto civil militar del aeropuerto contará con 3 mil 616 hectáreas.
Se prometió que la obra generará empleos para la población aledaña.
En la Reunión, en la que el principal punto fue lo referente a la Manifestación de Impacto Ambiental, estuvieron presentes alrededor de 300 pobladores de los municipios de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan y Temascaltepec, quienes al final reclamaron una consulta pública, como lo mandan ordenamientos internacionales.
Los representantes de la Sedena señalaron que ésta ya fue realizada en San Miguel Xaltocan en marzo pasado y que no hay posibilidades de efectuar otra.
Consultado sobre el punto el director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara, adelantó que ese tipo de respuestas "generará la profundización de una resistencia civil y una batería de recursos legales... la resistencia civil se profundizara en tanto aumente la imposición de la Sedena y de las autoridades federales y los recursos legales serán en el ámbito nacional e internacional".
En la reunión, estuvieron representantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM), quienes determinaron que la obra en la base aérea de Santa Lucía es viable en materia ambiental.
“Ya se ubicaron las áreas y se identificaron 5 mil 200 árboles; habrá una reubicación del 40 por ciento de árboles mayores a 4 metros de altura y el resto se utilizará para composta y habrá una reposición de ellos”.
Los representantes de la UNAM, Jesús Mejía Gómez y Alfonso Víctor Paz, afirmaron que la obra está respaldada con la normatividad que existe en materia ambiental, tanto nacional como internacional, así como convenios que tiene signados México con otras naciones.
Los especialistas en ingeniería afirmaron que los requerimientos del aeropuerto en materia de agua será de 6 mil metros cúbicos de al día “es el .45 de lo que hoy en día se extrae; es 84 veces menor que el consumo humano. El aeropuerto no compromete el consumo humano de agua de la región”.
No obstante los pobladores asistentes afirmaron que la región sufre de falta de agua.
Los representantes de la Defensa Nacional informaron que la interconexión entre el actual aeropuerto y el nuevo el recorrido será de 46 kilómetros que se hará en 45 minutos de tiempo. Calculan que el costo de esa nueva carretera será de 10 mil millones de pesos.
Estiman que ese recorrido pasará por terrenos de Venustiano Carranza, Nezahualcóyotl, Texcoco, Atenco, Ecatepec, Xaltengo, Tultitlán, Nextlalpan, Tultepec y Tecamac.