Aquellos hijos que maltratan y violentan a sus padres adultos mayores pueden perder el derecho a heredar sus bienes si se aprueba una iniciativa de ley donde se exige la aplicación de este castigo como una forma de frenar tanto abuso.
En la Cámara de Diputados se propuso endurecer las penas contra la violencia familiar, luego de que esta se ha disparado durante la pandemia de coronavirus en nuestro país.
Para dimensionar esta problemática social, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en México se denunciaron el año pasado 220 mil 039 casos de violencia familiar, de los cuales, 6 mil 467 agresiones se cometieron en hogares tamaulipecos.
- Te recomendamos Familia lleva 10 años buscando a joven desaparecida en Tamaulipas Policía
Esta estadística puede significar apenas la punta del iceberg, pues según mediciones del Inegi, en nuestro país se denuncia en promedio uno de cada diez delitos.
Aunque el Secretariado no desglosa cuanto de ese maltrato familiar se cometió en perjuicio de adultos mayores, el delegado de la Federación de Asociaciones de Abogados en el Sur de Tamaulipas, Fausto Villarreal García ha señalado que es muy frecuente el maltrato de abuelitos.
Por otro lado, la diputada federal Nohemí Alemán, expuso que el marco legal nacional y estatal considera a la violencia familiar como un delito, que en unos estados tiene una pena mínima de seis meses de prisión y en otros de tres años de cárcel, tratamientos psicológicos y reparación del daño a la víctima.
“La violencia familiar en tiempos de la pandemia por covid-19 es una lamentable realidad que sufren día a día mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y hombres. Es decir, cada integrante de la familia se puede encontrar en riesgo de sufrir abuso de distinto tipo y más cuando hay factores que lo propician”.
La inseguridad laboral y económica de las familias, el resguardo domiciliario, el aislamiento o distanciamiento social, la convivencia diaria en espacios muchas veces reducidos entre los miembros de la familia, entre otros factores, propician momentos de estrés y fricciones en las relaciones interpersonales, lo que desencadena agresiones físicas y psicológicas.
La legisladora Alemán Hernández considera necesario aumentar la penalidad por este delito, de tal manera que se imponga de cinco a ocho años de prisión y se pierda el derecho a heredar respecto de los bienes de la víctima, además de ser sometido el agresor a tratamiento psicológico especializado y se persiga el delito de oficio.
De esta manera se castigaría a quien cometa cualquier acción u omisión intencional, dirigida a dañar, dominar, someter, controlar o atentar contra la integridad física o psíquica, patrimonial, económica y sexual de las víctimas de violencia doméstica. La iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados fue turnada a comisiones, para su análisis.
CGCH