En promedio, al mes, dentro del territorio conformado por los estados de Puebla y Tlaxcala son detenidos mil 300 transmigrantes, la mayoría proveniente de Centroamérica, que buscan llegar a la frontera norte de México para cruzar de forma ilegal a Estados Unidos.
Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, explicó que nueve de cada diez transmigrantes provienen de naciones del norte de Centroamérica, es decir, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Comentó que las personas migrantes detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) son recluidas en contra de su voluntad y hacinadas en espacios precarios y de alto riesgo de contagio del virus Sars-Cov-2 que produce la enfermedad de la covid-19.
Señaló que las estaciones migratorias del INM se convierten en espacios en los que se aplica la violencia y se violan los derechos humanos de quienes buscan cumplir el llamado sueño americano en medio de un contexto de pobreza, inseguridad e incertidumbre.
“En medio de la pandemia de la covid-19, las estaciones migratorias pueden ser espacios considerados como entornos torturantes. Además, en todos los casos se observa que la detención migratoria ocurre de manera violenta con muy poca o nula orientación jurídica”, destacó la especialista.
Señaló que cuando son detenidos, se aplican acciones para privar de la libertad a personas en movilidad internacional forzada y se presentan diferentes abusos contra los derechos humanos por parte de autoridades mexicanas.
Comentó que tras múltiples visitas de monitoreo a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla y Tlaxcala, se pudo corroborar que los migrantes son agredidos de forma sistemática por las autoridades.
Comentó que, en la mayoría de los casos, los migrantes son víctimas de personas que se presentan como agentes del INM pero no muestran una identificación oficial con fotografía, ni explicaron el motivo de la revisión o mostraron la orden que autorizaba el operativo.
Tras una investigación realizada por los investigadores de la Ibero Puebla, se detectó que, en las instalaciones de Puebla y Tlaxcala, los migrantes son detenidos por 38 días, aunque el máximo registrado es de 139, más de cuatro meses y medio, en condiciones inadecuadas y sin acceso a asesoría legal pertinente.
Para la investigadora de la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita, es urgente que se establezcan las medidas para que se garantice el respeto a los derechos de las personas que habitan los centros migratorios, especialmente en tiempos en los que se ha observado el endurecimiento de las medidas de detención.
En su momento, Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, destacó que la población más vulnerable son las y los sin papeles, quienes no sólo no pueden beneficiarse de los programas sociales, sino que se encuentran en el desempleo o realizando actividades informales que ponen en riesgo su salud.
CHM