El estado de Puebla enfrenta contradicciones en materia de dotación de agua potable para sus pobladores: por un lado, las zonas urbanas enfrentan escasez; mientras que las áreas rurales cuentan con el vital líquido, pero carecen de infraestructura para que llegue a los hogares.
Valentina Campos, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la Universidad Iberoamericana Puebla, destacó que, los pobladores concuerdan que el acceso al agua debe ser gratuito, aunque también admiten que se deben establecer cuotas para el mantenimiento de infraestructura.
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“Hay una desorganización que impacta en el abasto de cantidad y en tiempo. Las comunidades que se encuentran en zonas rurales presentan menos escases que en las zonas periurbanas o urbanas; en esta última reportan falta de infraestructura y distribución desigual”, destacó la investigadora.
Al mismo tiempo, dentro del territorio poblano los pobladores destacan los esfuerzos locales para regular los procesos de contaminación, identificar las fuentes de emisión y eliminarlas, así como para restaurar espacios erosionados.
“Hay una identificación muy clara de que hay cambios en la precipitación, en la temperatura. Eso es resultado de la acción humana”, agregó Campos Cabral.
Una de las actividades que están relacionadas directamente con el agua es la agricultura, y los sembradíos ocupan 24 por ciento de todo el vital líquido subterráneo que se extrae anualmente en una comunidad.
“Los agricultores mencionan que se ha reducido la accesibilidad al agua en pozos. A ello se suman el cambio en las precipitaciones y los periodos de sequía, factores que han complicado los procesos de siembra”, añadió la especialista.
Ante la situación actual del agua, la investigadora de la Ibero Puebla resaltó la importancia de la creación y participación de las contralorías ciudadanas para vigilar que se incorpore como un derecho humano esencial el acceso al agua potable y su saneamiento.
“Las contralorías sociales son la alternativa porque se considera que es un sistema público que puede ser sostenible económica- y ambientalmente, siempre y cuando se cambie el modelo de gestión”, expresó Campos Cabral.
En su oportunidad, María Eugenia Ochoa García, investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), destacó que la construcción de una contraloría ciudadana para el cuidado, la defensa y el buen uso del agua, enfrenta diferentes desafíos, sobre todo con las políticas de privatización que prevalecen.
“En el estado de Puebla, uno de los grandes desafíos que tenemos es la crisis hídrica. Se está secando la cuenca hidrológica del río Atoyac. Esto significa que se nos está acabando el tiempo. Estamos, ciertamente, en una crisis”, destacó.
Ante el panorama adverso, se hace necesaria la creación de una instancia como una contraloría ciudadana, añadió José Luis García Bello, coordinador de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Asamblea Social del Agua, quien resaltó la importancia de un nuevo modelo de gestión de agua porque se promoverá la mejora de la gestión del recurso y la incidencia por parte de la ciudadanía.
“Es una participación del pueblo no solo para ver. Aquí se trata de que toda la ciudadanía esté participando, y su importancia está en que todos los sectores estén representados ahí para llevar a cabo un buen gobierno”, resaltó.
AAC