Comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México al Río Sonora y la organización Poder, rechazaron la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió ayer votar a favor del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que revoca un amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora del derrame de ácido sulfúrico en 2014 para la clausura de dos pozos que siguen contaminados, según estudios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
“Más allá del fallo de la SCJN, y tomando en cuenta las evidencias recientes y el reconocimiento de la misma Cofepris sobre la presencia de concentraciones de metales pesados en el agua de los pozos del Río Sonora, sostenemos que no es posible apresurarse a reabrir pozos ni generar la “falsa seguridad” de que no hay contaminación en el agua para consumo humano y uso doméstico en el Río Sonora”.
“Este fallo evidencia lo lejos que están quienes imparten justicia, de quienes viven en carne propia, y diariamente, las consecuencias de la contaminación de Grupo México. Desde el 6 de agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente. Seis años después, ese derecho sigue siendo ignorado”, sostuvieron.
En un comunicado, los comités reiteraron que desde hace seis años han denunciado la situación de los pozos en el Río Sonora desde hace seis años. La mayoría de pozos están abiertos, pocos se han clausurado.
“Incluso los que son materia del fallo de la Corte: el de La Labor nunca fue cerrado, a pesar del amparo que ganamos, y en Sinoquipe la misma comunidad no permitió que se reabra el pozo. Tampoco hay, que sepamos, planes de saneamiento o de reubicación de esos y de los demás pozos. Es por eso que no confiamos en el agua que llega a nuestras casas; esa agua proviene de los pozos, muchos de los cuales están localizados a menos de 500 metros del Río Sonora”.
Incluso, en diciembre de 2019 el titular de la Cofepris mencionó públicamente que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía, recordó la organización.
“Poder tuvo acceso, a través de solicitudes de transparencia, de los resultados de esos muestreos: todas las muestras que contienen arsénico tienen valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el caso del plomo cerca del 80 por ciento de las muestras excede la referencia (el municipio de Hermosillo es el que en promedio tiene los valores más altos de arsénico y plomo)”.
Explican que aunque las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son mucho más laxas que las internacionales, se encontró que 5 de las 44 muestras que tienen datos para plomo están por encima de la NOM en los municipios de Arizpe, Hermosillo y Ures, mientras que 48 de 54 muestras están por encima de la NOM en arsénico. Ambos metales, arsénico y plomo, son bioacumulables y representan un alto riesgo de salud, de acuerdo a la OMS.
“La Cofepris concluyó que deben hacerse muestreos en 2020. No sabemos si éstos se han realizado”.
De tal forma, llamaron a que la Cofepris realice, lo antes posible, monitoreos de la calidad del agua de los pozos y que las comunidades tengan acceso completo y oportuno a los resultados de esos estudios. Y, de acuerdo a las conclusiones, esos pozos tendrían que ser reubicados o saneados, si es que sigue demostrándose la presencia de contaminación.
“No sólo apelamos a la Cofepris. Las tres instancias de gobierno están en la obligación de atender estas exigencias; las exhortamos a que estén a la altura de las circunstancias. Además, insistimos en que el proceso debe ser participativo y supervisado por las comunidades”.
“Ignoramos qué motivó a la ministra Esquivel a usar su tiempo para hacer un proyecto que revierte lo ganado por las comunidades del Río Sonora en cuanto al reconocimiento de que existen pozos contaminados, también ignoramos qué consideraciones tomó en cuenta la Segunda Sala para votar a favor del proyecto”, expresaron los afectados.
FS