Comunidades mayas, acompañados de las organizaciones Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) e Indignación, presentaron ante la Profepa y Senasica, denuncias por la probable liberación al ambiente y siembra de soya y maíz genéticamente modificado en Campeche pese a resoluciones judiciales que expresamente prohíben dichas actividades.
Lo anterior luego de que para el ciclo agrícola 2020, y por quinto año consecutivo, productores agrícolas de Hopelchén, Campeche incurrieron en desacato judicial al sembrar soya transgénica, pese a que el permiso 007/2012 de la empresa Monsanto S.A. de C.V. (hoy Bayer) permanece suspendido desde noviembre del 2015 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras se realiza la consulta indígena.
Además, se percataron de la posible siembra ilegal de maíz transgénico en la región de Los Chenes, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos.
“Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra, además de operar, desde el año 2013, una medida cautelar que prohíbe su siembra, derivada de la acción colectiva presentada por un grupo de 53 organizaciones, colectivos y personas para salvaguardar los maíces nativos de México. Una de las razones más importantes para otorgar esa medida es el riesgo de contaminación de los maíces nativos por las semillas transgénicas, de ahí la gravedad de la presencia de esa semilla en el municipio maya de Hopelchén”.
Respecto a la soya transgénica, señalaron que los productores incurrieron en desacato porque desde el 15 de septiembre de 2017, existe una revocación de dicho permiso por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo de la Sader, confirmada por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el pasado 18 de agosto de 2020.
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Por ello, los escritos de denuncia popular y ciudadana fueron presentados el 2 de diciembre, tanto en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como ante el Senasica, pidiendo a las autoridades realicen labores de inspección y vigilancia en el área aledaña al ejido de Komchén, Hopelchén, donde se presume la presencia ilegal de soya y maíz Genéticamente Modificados(GM).
Cabe señalar, que durante el 2016 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), aceptó que se sembró soya transgénica en 16 predios del municipio de Hopelchén a pesar de las restricciones legales.
Las organizaciones y comunidades se lamentaron que sean ellas quienes realicen el trabajo de inspección que les corresponde emprender a las autoridades involucradas, quienes debieran reconocer que hay un grave problema de descontrol y tráfico de semillas transgénicas en la región.
Comunidades y organizaciones reclaman que las autoridades correspondientes actúen sin demora, debido a que la cosecha de maíz se hace en diciembre, para la aplicación expedita de la ley y de las sanciones a todo aquel que haya incurrido en la violación de la legislación nacional y en detrimento de la bioseguridad del país.
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Exigieron se proceda tanto al aseguramiento del material, como a la identificación de los puntos de distribución y/o las rutas de ingreso de la semillas genéticamente modificada, allegándose de la información correspondiente sobre la movilización, almacenamiento, distribución y venta de la semilla utilizada para la siembra de maíz y soya transgénica en el estado de Campeche, estableciendo en consecuencia adecuadas medidas de bioseguridad para salvaguardar el medioambiente y el territorio de las comunidades mayas de esa región.
Las organizaciones recordaron que la siembra de semillas transgénicas en Campeche podrían alcanzar multas de hasta 2 millones 600 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México, pudiendo duplicarse dicha cantidad en los casos de reincidencia (art. 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados).
irh