El presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) dijo que confía en el conteo que realizaron de la elección para gobernador y evitó pronunciarse sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer un nuevo cómputo y escrutinio, además, afirmó que son los partidos políticos los responsables de “ensuciar” el trabajo de las autoridades administrativas.
El miércoles pasado los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron hacer nuevamente el escrutinio y cómputo de la paquetería electoral en el caso de la elección para gobernador, con el objetivo de dar certeza a los ciudadanos sobre los resultados de las votaciones.
En este sentido, se la preguntó a Herrera Serrallonga si consideraba que esa resolución cuestiona el trabajo de los consejeros del IEE y respondió: “es un tema que no nos corresponde a nosotros, nosotros hablamos del trabajo que hemos hecho, todas las decisiones que se han tomado para poder garantizar la salvaguarda de los paquetes electorales, el actuar también del personal del este instituto siempre ha estado apegado a los principios rectores y en ese sentido nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos, hay una instancia que evalúa el actuar de los consejeros, que es el Instituto Nacional Electoral”.
Asimismo se le preguntó si confía en que tras el nuevo cómputo los resultados de la elección sean los mismos que validó el Consejo General que preside y dijo “no puedo especular, yo confío en el que conteo que se llevó a cabo en este instituto”.
Por su parte, los diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) aprobaron la creación de la Comisión Especial de Seguimiento del proceso electoral 2017-2018, que entre sus funciones tendrá supervisar el conteo de voto por voto que haga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la elección a la gubernatura.
Al respecto coordinadores del PAN y Nueva Alianza señalaron que ningún poder público puede interferir en las atribuciones de otro órgano constitucional autónomo como la Fiscalía General del Estado de Puebla.