A puerta cerrada, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) confirmó una vez más que el partido Movimiento Ciudadano (MC) debe recibir financiamiento público este año aun cuando no haya obtenido al menos 3 por ciento de los votos en las elecciones de diputados y tampoco haya participado en la pasada elección de gobernador.
El argumento de los magistrados es que desde 2019 se validó la entrega de prerrogativas sin que alguien se hubiera inconformado, por lo cual ahora ya está fuera de tiempo cualquier recurso interpuesto en este asunto.
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Con esto quedan a salvo los 13.9 millones de pesos que le corresponden este año para actividades ordinarias y específicas, aunque la parte demandante aún tiene posibilidad de recurrir nuevamente esta resolución ante el Tribunal Electoral de la federación quien ya se pronunció sobre este caso la semana pasada, confirmando los hechos.
El partido Morena se inconformó en enero por la entrega de financiamiento a MC, pero el Tribunal falló en contra. Luego acudió a la Sala Superior que también ratificó la resolución del TEEM.
De nueva cuenta la representación de Morena emitió un nuevo recurso por la corrección de cifras que hizo el Consejo General del IEEM, y el TEEM falló de la misma manera que la ocasión pasada.
La ponencia presentada por el magistrado presidente, Raúl Flores Bernal, confirma el acuerdo del instituto y propuso calificar inoperante los agravios en virtud, que se trata de una transcripción literal de la demanda presentada previamente, la cual ya fue confirmada por la Sala del TEPJF.
Por otra parte, se resolvió un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano promovida por la octava regidora, Mireya Gil López, de Jocotitlán, durante el periodo 2016-2018, así como séptima regidora en el trienio 2019-2021.
La edil impugnó la omisión del pago íntegro de dietas con lo cual se vulneran sus derechos político electorales en su vertiente de ejercicio público, sin señalar haber sido víctima de violencia política por razones de género como lo contempla la ley. El ponente consideró que los agravios son fundados, pues no existe prueba que demuestre los pagos y propuso ordenar el pago de dietas y gratificaciones que le corresponden por tres años de servicios.
MMCF