Con 27 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, el pleno del Congreso local aprobó, en primera vuelta, una reforma a 27 artículos de la Constitución local que tiene por objetivo que los diputados designen al próximo secretario general de Gobierno y al fiscal general de Nuevo León.
La reforma impulsada por Carlos de la Fuente, del PAN; Heriberto Treviño, del PRI y Jessica Martínez, independiente, a los artículos 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 162, 166, 198 y 204 de la Constitución, señala que el Tribunal de Justicia Administrativa será autónomo, quita el derecho de veto que tiene el gobernador para eliminar un candidato a Fiscal, al tiempo que podrán acusar de corrupción al mandatario y “sus subordinados” cuando incumpla los plazos de publicar reformas.
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La primera vuelta requiere solo 22 votos porque se abre el debate, posteriormente el Ejecutivo estatal debe publicar en el Periódico Oficial del Estado los debates y, a partir de febrero, el Congreso local podría avalar la segunda vuelta para oficializarla.
Destaca que el artículo 46 detalla que las autoridades del Estado garantizarán la disposición y distribución diaria del agua, por lo que las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua.
Durante el debate, Eduardo Gaona, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo de manera objetiva que las mayorías buscan que los municipios no puedan ser embargados y acusó que la reforma es revanchismo político.
“Vamos a incurrir compañeros y compañeras en responsabilidad administrativa y amerita, y no lo digo yo porque luego se escandaliza, ahí está la ley de amparo, pues amerita que cuando no se cumple podríamos ir a la cárcel, es decir, que es proceder penalmente.
“Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero ver involucrado y nosotros en la banca de Movimiento Ciudadano no nos vamos a hacer ni aprobar”, indicó.
Jessica Martínez, independiente, dijo que el gobernador Samuel García debe cumplir con su labor como Ejecutivo.
También, Iraís Reyes, de MC, lamentó que se estén analizando un tema que invade al Ejecutivo estatal, al tiempo que sacó una caja de regalo que decía “De: PRI y PAN”, “Para: Adrián”.
“Llegó Santa Claus al Congreso del Estado, aquí tienen regalos más generosos que otros, pero la Navidad no deja de ser una fecha que beneficia a los consentidos, para ellos sí hay una época de felicidad, de prosperidad que armaron los diputados en seis días, ni Amazon y MercadoLibre llega tan rápido.
“Miren, el regalo de Navidad de los diputados del Congreso, ¡una gran reforma de Navidad! para beneficiar a Adrián de la Garza, ni la paquetería de regalos navideños llega tan rápido como este regalado que está armando el Congreso”, apuntó Reyes.
Waldo Fernández, coordinador de Morena, dijo que las bancadas mayoritarias están pensando que el gobernador Samuel García estará en el poder 300 años, por lo que pidió no debilitar al Ejecutivo, pues en el 2027 podría ganar su partido por la “falta de gobernabilidad de otros”.
“Veo con preocupación que el dictamen que se está presentando se está pensando que el gobernador Samuel García va a gobernar por 50 o 300 años, él va a tener un periodo de gobierno como cualquier gobernador de seis años, el cual lleva al momento un año y tres meses.
“En esa misma dinámica, yo quiero hacer una reflexión a las bancadas mayoritarias de lo que van a estar votando el día de hoy, ¿ya se pusieron a pensar en cinco años o cuatro años y medio cuando haya una elección de gobernador?, a como vamos, Morena va a ganar la gubernatura”, apuntó.
Lorena de la Garza, del PRI, dijo que la “Reforma de la Gente” crea una solución y si se cumplen los tiempos establecidos por ley, y las soluciones creadas en el Congreso, que nacen de la consulta a los ciudadanos, no son publicadas en el Periódico Oficial.
“Quedarse de brazos cruzados sin permitir que se pongan en marcha las soluciones, mientras los problemas de la gente son cada día peores, debería ser considerado un delito.
A partir de la aprobación de la “Reforma de la Gente”, obstaculizar los decretos e impedir que tengan efecto las leyes hechas en el Congreso, será considerado un hecho de corrupción.
“Los regios ya no confían en el gobierno del Estado, Samuel García ha demostrado trabajar sólo para sus propios intereses; para proteger el derecho de la gente de estar informada, hemos aprobado en la “Reforma de la Gente” una ley que dispone que el gobierno envíe al Congreso, para ser dado a conocer a todos los ciudadanos, todos los proyectos que tenga de modificación de reglamentos en el Estado”, acusó.
En el artículo 66, se detalla que los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, aún y cuando se encuentren dentro de un proceso electoral o no, pues la falta a esta disposición será considerada como falta grave.
El artículo 90 indica que en caso de no publicarse en el plazo antes señalado, procederá la remoción del funcionario responsable de dicha omisión, pues el secretario de Estado podrá ser investigado.
Dentro del mismo artículo, se subraya que el titular del Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia.
“De incumplirse la orden prevista en el párrafo anterior, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de Nuevo León. La omisión en estos términos, dará motivo a la aplicación de las responsabilidades establecidas en esta Constitución y en la ley de la materia”, detalló.
Lo anterior, pretende que las reformas aprobadas, que no sean publicadas en el Periódico Oficial, sean publicadas en la Gaceta Legislativa y signifique que ya estarán operando.
“El incumplimiento a los plazos y disposiciones de los párrafos quinto y sexto del presente artículo, por parte del titular del Ejecutivo y sus subordinados, será considerado como falta administrativa grave y hecho de corrupción, para lo cual se deberá proceder en términos de los artículos 202, 203 y 204 de esta Constitución”, detalla.
El artículo 96 detalla que ante la falta de presentación oportuna del titular del Ejecutivo de la Ley de Ingresos y/o la Ley de Egresos, el Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a la elaboración, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y de la Ley de Egresos del Estado y de la Ley de Ingresos de los Municipios.
“Casos en los cuales, dichos ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; si el Congreso del Estado aprecia la negativa del Poder Ejecutivo para ordenar la publicación de los mismos, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de Nuevo León. La omisión en estos términos, dará motivo a la aplicación de las responsabilidades establecidas en esta Constitución y en la ley de la materia”, se lee en lo aprobado.
Además, el artículo 96 indica que los diputados aprobarán la propuesta que realice el Ejecutivo respecto de los cargos del secretario general de Gobierno, del titular del Órgano Interno de Control Estatal, así como del titular y los servidores públicos de segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
“Acordar por si o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso del Estado a Periodo Extraordinario de Sesiones, siendo necesario en ambos casos el voto de la mayoría de sus integrantes”, indica lo aprobado.
El artículo 159, señala que, el Fiscal General será electo por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, es decir, el gobernador ya no tendrá el derecho de vetar a un candidato a Fiscal, como lo establece en la actualidad la Carta Magna.
El artículo 162 propone garantizar que la ciudadanía disponga de los datos abiertos en materia de contrataciones públicas, a fin de promover el acceso a la información pública y generar conocimiento con la finalidad de gestionar sistemas electrónicos que formulen herramientas y metodologías reutilizables.
El Transitorio cuarto indica que el procedimiento para la designación del fiscal general de Justicia del Estado deberá ajustarse estrictamente a lo establecido en este decreto, quedando vigentes las normas que al respecto contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solamente en lo que no se oponga y sea compatible con este decreto