Con el fin de endurecer las penas contra el tráfico de órganos, el diputado del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para reforma el primer párrafo del Artículo 462 de la Ley General de Salud.
En la tribuna del Congreso capitalino, el legislador explicó que la iniciativa busca sancionar con nueve a 22 años de prisión, e imponer una multa por el equivalente de diez mil a 19 mil días de salario mínimo general vigente a quien obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos.
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Indicó que la intención de incrementar las penas es desalentar el delito, mismo que representa una afectación a los derechos de la persona fallecida y transgrede directamente a los familiares.
Dijo que el tráfico de órganos atenta contrala dignidad humana, al ser "una de las actividades criminales más lucrativas y que consiste en la extracción, venta y compra ilícita de órganos, tejidos y componentes de personas vivas o cadáveres".
El legislador reveló que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en nuestro país, desde 2017, este tipo de ilícito ha sido un foco rojo porque mayormente se comete contra personas migrantes.
“Por ejemplo, entre 2015 y 2016, más de 60 mil niñas y niños fueron víctimas de trata de órganos. Este delito se combina con otros negocios del crimen organizado, como el narcotráfico”, comentó.
Luego de reconocer que el manejo de cadáveres y cuerpos humanos para la venta ilegal de órganos es un negocio que va en aumento, Nazario Norberto señaló que se han registrado hechos que podrían calificarse de lamentables y macabros, como el reciente hallazgo del cuerpo de un menor encontrado en un contenedor de basura en Puebla, o de una mujer fallecida en Mexicali, donde al entregarse su cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), éste ya no tenía órganos y presentaba múltiples incisiones en diversas partes.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.
ROA