La Sexagésima Segunda Legislatura deja entre sus pendientes una mayor transparencia y una promoción de agenda ciudadana más que partidaria, consideraron especialistas entrevistados por MILENIO.
Marco Antonio Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, refirió que evaluar el desempeño de manera concreta es complejo, pues hay una carencia de mecanismos que permitan medir apropiadamente lo que hicieron.
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“Es importante que contemos con una medición del desempeño legislativo y hoy no la tenemos desgraciadamente”.
Destacó el pendiente de crear mecanismos de participación ciudadana para que la comunidad pueda estar más involucrada en materia legislativa.
“Hoy en este contexto donde los congresos deberían de mostrarse más interesados en estar cerca de los ciudadanos por lo que se está dando en competencia electoral y no podemos basarnos solamente en los indicadores respecto al número de iniciativas que presentan, sino medir el impacto y la importancia de ellas”.
Trabajar por la ciudadanía y no por ellos mismos
Zamarripa señaló también que otro pendiente de la saliente legislativa fue que sus integrantes trabajaran más allá de su promoción personal.
“Por otro lado las y los diputados deben legislar no sólo para promover o promocionar su carrera personal, sino satisfacer las demandas ciudadanas. Es importante que promuevan mecanismos de participación ciudadana”.
Detalló que de manera concreta hubo 205 iniciativas, lo cual equivale a que por año cada diputado presentó 8, además de que hubo nada más 18 puntos de acuerdo discutidos.
“Faltan instrumentos de monitoreo donde los ciudadanos y la opinión pública en general contemos con mayor información que permita evaluar la labor de los legisladores de manera objetiva”, insistió.
Por su lado, Jorge Espejel Lomas, integrante de la iniciativa Satélite Político que anualmente emite un informe sobre el desempeño de los diputados coahuilenses, destacó que la legislatura saliente mantiene vicios de las anteriores.
“Esta legislatura refrenda la manera de trabajar que tiene el Congreso de Coahuila: que cuando termina un sexenio en el último periodo ordinario se aprueba de manera fugaz temas que trazan el futuro político del estado entre ellos la repartición de las notarías”.
Cuestionó también por la información que han revisado para un próximo informe encontraron que hubo legisladores con alta representación política dentro de la estructura legislativa, pero que en los hechos poco hicieron por iniciativas o llevar a tribuna puntos de acuerdo.
“Tenemos legisladores que en 3 años no hicieron nada en materia legislativa, no subieron a tribuna o incluso faltaron a las sesiones”.
Puso de ejemplo legisladores y legisladoras que van ahora al nuevo gabinete estatal por su labor como operadores políticos y esto demuestra que el Congreso se convierte en un trampolín.
Espejel Lomas señaló también que entre los pendientes legislativos en Coahuila está coordinarse con Durango para consolidar acuerdos en materia de colaboración por la Zona Metropolitana de La Laguna.
“Una tarea que sí pueden tener pendiente es que ambos congresos ya firmaron el convenio de la ZML y ojalá ya sienten las bases reglamentarias y legislativas para que se pueda pensar en una competencia más homologada, competitividad y más justa para quienes vivimos aquí”.
Pendientes de los Congresos locales en México
No sólo Coahuila registra pendientes en cuanto a rendición de cuentas y contra pesos de los gobiernos locales, pues es un asunto similar en otras entidades del país.
Así lo establece el Informe Legislativo 2023 que publicó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). Según el documento, entre los pendientes y riesgos que tienen los poderes legislativos en todos los estados está la falta de contrapeso y vigilancia a otros poderes, ausencia de estudio y discusión del presupuesto, falta de monitoreo del gasto, ausencia de fiscalización y la recuperación de recursos y sanción.
Entre las recomendaciones que hace el organismo está incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con la obligación de convocar o presentarse ante el Congreso local.
“Las leyes estatales contemplan comparecencias obligatorias de funcionarios públicos, pero sin consecuencias reales, por lo que se tienen que establecer sanciones para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas efectiva. Crear apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario. Al hacer públicos los informes de finanzas públicas, se genera un mecanismo de control ciudadano sobre el manejo de los recursos. Así, pueden identificarse posibles irregularidades y exigir a los diputados un correcto ejercicio de sus facultades de vigilancia y contrapeso”.
Así también, se sugiere asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados.
“Los diputados deberán ayudarse de los centros de estudios y comisiones para verificar informes y prevenir malos manejos de recursos públicos, además de mejorar los mecanismos para alertar a los órganos de fiscalización para auditorías y sanciones si es necesario”.
El informe detalla también que para este año el Poder Legislativo tuvo asignados 437.21 millones de pesos y que cada habitante aportaría 131.5 pesos para ello.
aarp