Con 24 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso local aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH), lo cual contempla su transición a la Secretaría de Contraloría del estado, por lo que se turnó a los 84 ayuntamientos para que avalen la reforma.
Esto, como parte de las iniciativas enviadas por el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, en materia de acceso a la información pública, adquisiciones y entidades paraestatales.
Se trata de reformas a la Constitución política del estado, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la entidad; además de modificaciones a la Ley de Entidades Paraestatales y Ley Orgánica para la Administración Pública.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Jorge Argüelles Salazar destacó que la reforma que desaparece al ITAIH reafirma la división de poderes, no como un esquema de confrontación, sino un sistema de pesos y contrapesos basados en la colaboración institucional. También fortalece la transparencia al impulsar una cultura institucional al orientarla al acceso a la información, rendición de cuentas y a la apertura del trabajo, dijo.
A su vez, consolida la protección de los datos personales, un tema central frente al avance de las tecnologías digitales. Refuerza la política anticorrupción y fortalece la buena administración de los recursos públicos y las estructuras administrativas existentes, así como reduce el gasto público y no demanda recursos extraordinarios, afirmó.
“No estamos ante una iniciativa de partido, ni de grupo parlamentario, sino ante una propuesta de estado que beneficia al pueblo hidalguense y fortalece el entramado institucional”, apuntó el legislador.
El 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reformó la Constitución política del país en materia de simplificación orgánica, en el que se determinó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, al priorizar la centralización de funciones y ejercicio del gasto.
Por tanto, hubo un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión realizara modificaciones a las leyes donde se debía considerar la desaparición de los organismos que representaran duplicidad de funciones. Ante ello, el legislativo federal aprobó la expedición de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública, difundida en marzo de 2025.
¿Qué pasará con los trabajadores?
La desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) dará paso a un nuevo modelo institucional bajo la Secretaría de Contraloría. Durante el proceso de transición, que cuenta con un plazo de hasta 180 días para armonizar la legislación secundaria, el ITAIH continuará operando con normalidad, asegurando que la Plataforma Nacional de Transparencia funcione sin interrupciones para la ciudadanía.
Los 37 servidores públicos del ITAIH conservarán su empleo y se integrarán a la Contraloría estatal, aportando su experiencia para garantizar la continuidad operativa desde el Complejo Hidalgo Honesto. La atención directa a la ciudadanía y la resolución de solicitudes se concentrará en el organismo desconcentrado Transparencia para el Pueblo de Hidalgo, mientras que la protección de datos personales permanecerá bajo la responsabilidad de la Contraloría.
Autonomía del Tribunal Administrativo
Además, legisladores aprobaron otra iniciativa del Poder Ejecutivo que reforma diversas disposiciones de la Constitución política con la finalidad de otorgar autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, al separarlo del Poder Judicial.
La tercera iniciativa consiste en reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del estado en materia de regulación del registro de proveedores y procedimientos de contratación de servicios públicos.
Además de reforma a la Ley de Entidades Paraestatales de Hidalgo sobre organismos auxiliares, así como a la Ley Orgánica para la Administración Pública del estado en materia de estructura y funcionamiento de la administración estatal.